Hoy cuando se cumplen 21 años del crimen contra el periodista Guzmán Quintero Torres, son muchas las reflexiones que deben hacerse en el contexto de la realidad vallenata y la región en general.
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Esta fecha del 16 de septiembre obliga a reiterar análisis ya publicados sobre las distintas épocas consideradas críticas que en el pasado tuvo que enfrentar la comunidad vallenata.
En ese sentido se ratifica entonces la tesis que plantea que la muerte del periodista Guzmán Quintero Torres alcanza la connotación de ese tipo de acontecimientos muy relevantes que marcan vida, esos que definen un antes y un después del diario acontecer. Hoy Valledupar vive un momento crítico por el coronavirus, pero en el pasado tuvo otras épocas igual de graves y que generaron pánico colectivo.
El crimen contra este comunicador encarnó momentos difíciles para el país vallenato y en especial para el gremio de periodistas pero con efectos colaterales en muchos otros sectores.
Es preciso entender que el ejercicio periodístico convierte a la persona que lo realiza en un personaje público y este a su vez se torna en espejo de un gran sector de la sociedad, por ello todo cuanto le ocurra a su vida incide en los niveles de afectación de una determinada comunidad.
Fue así como el crimen, ocurrido en Valledupar el 16 de septiembre de 1999, contra Guzmán Quintero Torres representó el inicio de una época crítica de la sociedad vallenata, porque si bien, ya se sabía de la existencia de los grupos paramilitares no es menos cierto que en esos momentos todavía no se dimensionaba el verdadero alcance de su accionar, por lo menos no en esta ciudad.
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Todo ello permite concluir que la muerte de este excelente periodista fue un campanazo de alerta para todos, es decir, a partir de ese triste y trágico hecho en la región la gente tomó conciencia que había un monstruo armado operando de manera ilegal, el cual no distinguía entre buenos y malos, donde todo aquello que representara la más mínima interferencia de sus planes era declarado objetivo militar.
La amenaza era para todos, cualquier persona, en un abrir y cerrar de ojos, podía fácilmente convertirse en blanco de las balas asesinas sin importar lo que ella representara para la sociedad o para un determinado gremio.
Si ante ese crimen fue alto el nivel de afectación para la sociedad vallenata, resulta entonces mucho más entendible la nefasta incidencia de este hecho violento en el gremio de periodistas de Valledupar. A partir de ese doloroso acontecimiento la forma de hacer periodismo sufrió muchas modificaciones en detrimento de la totalidad de la verdad, era la vida la que estaba en juego.
Esa muerte fue una inflexión histórica para el periodismo vallenato, se constituyó en el punto de quiebre para el desarrollo de esa actividad.
Aún más fuerte fue el impacto para el equipo de periodistas del diario El Pilón, no se trataba solamente de la muerte de la persona que constituía Guzmán Quintero Torres, se estaba frente al asesinato de un agente activo del periodismo encaminado a ejercer control social, era la más fiel demostración de acallar la voz líder del medio de comunicación escrita más representativo de la región.
Como consecuencia de todo eso los miembros del equipo periodístico de El Pilón apelaron de manera forzosa a la autocensura, fenómeno que de forma indefectible trascendió a la mayoría de medios de comunicación locales, mientras que la ciudadanía vallenata, y de la región en general, por un largo periodo estuvo sumida en un mar de incertidumbre.
Fue una época difícil de verdad. La historia tendrá que registrar que el final de la década de los 90 y el inicio del nuevo milenio para Valledupar y el Cesar fue un periodo nefasto para los intereses colectivos, donde los mecanismos de transparencia en la ejecución del erario brillaron por su ausencia frente a la mirada indiferente de todos, incluidos los medios de comunicación.
En aquellos tiempos la anarquía fue total, en ese entonces surgieron muchos males que enriquecieron a unos cuantos en detrimento del bien común, cuyos efectos nocivos hoy todavía se sienten, tal es la contratación del PAE, sólo para mencionar un caso.
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Nadie se atrevía a denunciar, nadie sabía nada de nada y todos sabían todo de todo pero ante la opinión pública el hermetismo era total. La clase política dirigente estuvo arrodillada frente a los grupos armados ilegales, eran éstos los que decidían quienes podían aspirar a los cargos de elección popular, ocupar puestos de libre nombramiento y contratar con el Estado. En ocasiones hasta los fallos de los jueces eran avalados o desaprobados por los grupos armados ilegales.
Por todo ello fue necesario apagar el faro orientador de Guzmán Quintero Torres para que Valledupar y el Cesar fueran presa fácil de la ignominia. Hoy ya no está el horror de los fusiles y las motosierras, pero la impunidad y la corrupción siguen ahí y tal vez más contagiosa, más dañina y mortal que el coronavirus que en la actualidad enfrenta la comunidad vallenata.
Por: Óscar Martínez Ortiz