Echándole un vistazo a una nota que publicara la revista Semana acerca de la propuesta económica que le presentó el candidato presidencial Germán Vargas Lleras a un grupo de empresarios que se dieron cita en la Cámara de Comercio de Bogotá, me encontré con varios puntos que llaman mucho la atención, especialmente en lo concerniente a temáticas como las regalías y las consultas populares que encierran el tema mineroenergético en algunos territorios.
Vargas Lleras propone recuperar el dinamismo de sectores claves para el crecimiento económico del país como la infraestructura, minas y energía, cosa que no es descabellada, todo lo contario, es un rumbo que hay que tomar de forma urgente por el bien de nuestra economía y productividad. Lo que sí veo contrario a los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho es que a través de una reforma de ley, una vez posesionado como Presidente, pretenda excluir del Sistema General de Regalías a aquellos territorios que hayan optado por llevar a cabo consultas populares en lo referente a la ejecución de proyectos mineroenergéticos.
Mandarle el mensaje a la sociedad colombiana de que este tipo de proyectos deben llevarse a cabo a como dé lugar, cueste lo que cueste, no es nada saludable, sí autoritario y poco consciente. Lo que el candidato dijo en esa reunión de empresarios, afirmación que se llevó todos los aplausos habidos y por haber, es una clara amenaza al orden constitucional, a la democracia y al derecho fundamental de las comunidades a alzar su voz ante situaciones de alta importancia en el que se vean envuelto sus territorios, esta clase de proyectos son un claro ejemplo.
¿Quiere decir, entonces, que si los habitantes de un territorio convocan una consulta popular para preguntarle a la comunidad si están o no de acuerdo con la realización del proyecto, y el resultado no le es favorable a los impulsores de la consulta, se lleva a cabo el proyecto y aun así se les aparte del Sistema General de Regalías? Una medida de ese calibre tiene más vestigio de atropello que de intención de inyectarle dinamismo al rendimiento económico preservando el interese general.
Aquí no se trata de cerrarle las puertas al hecho de caminar por las sendas del desarrollo y del progreso, no, se trata de generar una mayor confianza y propiciar una serie de espacios adecuados que permitan hacer un trabajo equilibrado, lo que no es otra cosa que velar por el cuidado del medio ambiente, la salud y la salubridad pública, entre otros puntos, que peligran cuando este tipo de proyectos de minería se hacen a la carrera y sin sentido social, ambiental y humanitario. Si existen las condiciones para darle rienda suelta a los proyectos sin que exista daño o peligro de daño considerable, perfecto, de lo contrario, hay unas comunidades y un medio ambiente que proteger, para eso hay que estructurar unas políticas públicas serias.
Creo que el señor Vargas yerra al despotricar vehementemente a las comunidades que decidan consultar democráticamente entre ellos temas como la minería, eso es una práctica natural dentro del Estado Social de Derecho. Se equivocan, de igual forma, ciertas comunidades al satanizar la inversión privada. Lo que se debe entrar a revisar es que de implementarse estos proyectos, se hagan bajo el tenor de los estándares nacionales e internacionales que parametrizan este tipo de eventos, así se fomenta una relación armónica entre el Estado, la empresa y las comunidades.