Valledupar enfrentará el inicio de 2025 con desafíos significativos en materia de gobernanza y gobernabilidad, elementos esenciales para garantizar la estabilidad y el desarrollo sostenible de cualquier territorio. Estos conceptos, aunque complementarios, tienen diferencias sustanciales: mientras la gobernanza se refiere a la capacidad institucional para planificar, ejecutar y gestionar recursos de manera eficiente, la gobernabilidad alude al grado de aceptación, legitimidad y apoyo social que respalda dichas acciones. En el caso de Valledupar, ambos elementos están interconectados y demandan atención prioritaria.
Uno de los retos más evidentes es fortalecer la institucionalidad local. La administración municipal deberá enfocar esfuerzos en construir una relación de confianza con la ciudadanía, especialmente en un contexto de crecientes demandas sociales y económicas. Esto implica un ejercicio transparente de los recursos públicos, pero también una capacidad efectiva para comunicar resultados. La transparencia no solo es un imperativo ético, sino una herramienta para reforzar la credibilidad de las autoridades locales.
En paralelo, el tejido social de Valledupar reclama un liderazgo incluyente y participativo. La diversidad cultural y las desigualdades socioeconómicas del municipio exigen que el gobierno local fomente espacios de diálogo abiertos y efectivos, donde los distintos sectores –desde las comunidades rurales hasta los empresarios urbanos– puedan incidir en las decisiones que los afectan. Sin este enfoque, la gobernabilidad se verá constantemente amenazada por tensiones y conflictos que pueden escalar.
El desarrollo urbano y rural también será un punto crítico. En 2025, Valledupar deberá encontrar un balance entre el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. Esto requiere no solo inversiones en infraestructura, sino también políticas públicas que protejan los recursos naturales y fomenten prácticas productivas responsables. La recuperación de las cuencas hídricas y la adaptación al cambio climático serán pruebas determinantes para medir la capacidad de planificación de largo plazo de la administración.
Por último, pero no menos importante, está el reto de la seguridad. La percepción de inseguridad y los problemas asociados al microtráfico y la delincuencia organizada afectan no solo la calidad de vida de los ciudadanos, sino también la atracción de inversiones y el turismo, pilares fundamentales para la economía de la región. Aquí, la articulación con las fuerzas del orden y el fortalecimiento de programas de prevención serán clave.
Valledupar tiene el potencial para enfrentar estos retos, pero ello dependerá de la capacidad de su liderazgo político y de su disposición para construir consensos. Gobernar en 2025 será un ejercicio que demandará inteligencia estratégica, empatía social y un compromiso inquebrantable con el bien común.
Por Jesús Daza Castro.