Uno de los consejeros del Gobierno nacional, y me imagino que su vocero autorizado en ese tema, refiriéndose al asunto del uso de las denominadas y satanizadas armas traumáticas, expuso: “Las armas no son un derecho en Colombia, conforme a la Constitución”, y aseveró que “las armas traumáticas son armas de fuego” de acuerdo con su evaluación técnica y a la normatividad vigente.
El desenfoque es total. No hay peor ciego que el que no quiere ver pues aquí de lo que se trata no es del derecho a portar o tener armas de fuego sino el derecho a la vida, ese que desde hace rato el Estado no ha sido capaz de preservar. Estamos inermes y expuestos ante una delincuencia desatada a la que, esa sí, no han sido capaces de desarmar.
Es una actitud inaceptable, oponerse a que el ciudadano honesto y perseguido acceda a medios eficaces para que ante la ausencia oficial pueda, con todo derecho y respaldo moral, garantizarse su vida, la de su familia e inclusive la de terceros tal y como establece la normatividad penal colombiana. Eso se llama legítima defensa, y al no dudarlo se convierte en la primera víctima en este asunto, pues conforme con el razonamiento gubernamental hay que dejarse matar para así cumplir la ley. Según eso, qué bello cuadro sería el de un asaltante apuñalando a su víctima para robarla y esta diciéndole al delincuente: “Señor: bien pueda proceder, pero sepa que yo cumplo con la ley pues estoy desarmado”. Sublime.
Yo de verdad no entiendo el por qué del asunto. Cuál es la filosofía o los principios que inducen al Gobierno a semejantes restricciones sin confrontar estas determinaciones con su tradicional y propia incapacidad para garantizar la integridad física y enredando a una ciudadanía perseguida y acorralada que acumula vapor en la olla de sus grandes insatisfacciones.
¿Qué hacer, entonces, ante un Estado que no tiene fuerzas para materializar aquello a lo que está instituido, para garantizar la vida, honra y bienes de las personas? Quedarnos echados, dejar que nos asalten, lesionen, asesinen, violen, porque en Colombia los ciudadanos no tenemos derecho a defendernos sino a escondernos, a huir, a agachar la cabeza y dejar que nos ultrajen. Eso es ser buen ciudadano.
Y la delincuencia desatada, dueña de las fronteras y miles de kilómetros cuadrados en lo rural e importantes zonas en lo urbano, muerta, pero de la risa viendo cómo se desarma a sus víctimas y garantizando su incapacidad para responder a la agresión. Qué paradoja tan absurda.
Ahora cabe preguntar, ¿quienes compraron legalmente su arma traumática no tienen derecho a mantenerla? O ya la teoría de los derechos adquiridos no existe; además, ¿qué hacemos con el principio de la irretroactividad de las normas? Se burlan de la ley que pretenden defender.
A mí me parece que esas restricciones tienen un futuro poco halagüeño. Son absurdas y se extralimitan. Hay guardián en la heredad. “Va de retro satana”.
Por: Jaime García Chadid