Los implicados al denominado ‘Cartel de la chatarrización’ de Valledupar, enfrentarán en aproximadamente tres meses la formulación de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, caso por el que funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Tránsito son investigados.
Entre los procesados está el exsecretario Tránsito de Valledupar, Óscar Tom Socarrás y el actual concejal Leonardo Mestre Socarrás, quienes al igual que otras ocho personas fueron privados de la libertad con medida de aseguramiento domiciliaria; estos son José Vicente Ustariz Quintero, Margarita Rosa Rodríguez Tobón, Ingrid Yusilmy Hinojosa Gutiérrez, Luis Eduardo Retamoso Marriaga, Omar Antonio López, Leda Rosa Castilla Castillo y Nathalia Rosa Gómez Polo.
Mestre Socarrás hace un mes fue requerido por el Comité de Control Ético del partido Cambio Radical, sede Bogotá, para responder un cuestionario sobre las actuaciones que los tienen en líos penales.
“Mi partido político tiene conocimiento de mi situación jurídica, el Comité Ético me contactó para que explicara que estaba sucediendo conmigo. Respondí una serie de preguntas por correo electrónico relacionados al procedimiento realizado por la Fiscalía, como qué cargos me están imputando, entre otros aspectos”, dijo Leo Mestre Socarrás en una entrevista concedida a EL PILÓN.
Este no es el único análisis del que es objeto el concejal, de acuerdo al presidente del Concejo Municipal, Luis Miguel Santrich, el escenario de Mestre es estudiado por el asesor jurídico y secretario de la corporación, en el marco de la ley que concierne al reglamento interno de la corporación.
“Aun cuando Leo Mestre está en procedimiento jurídico este caso lo atiende el partido Cambio Radical, pero el Concejo en lo que compete al reglamento interno está estudiando su contexto con asesoría jurídica para no infringir la ley. Esto para analizar cómo quedaría su participación en el Concejo mientras enfrenta su proceso”, aseguró el vocero del Concejo Municipal.
Para la formulación de acusación es de esperar que la Fiscalía 11 o Fiscalía 12 seccional de Valledupar, que se han encargado del procedimiento presente las acusaciones formalmente. La Fiscalía 11 se declaró impedida para atender el caso relacionado con Óscar Tom Socarrás, al parecer, por el parentesco con la representante del ente acusador. Ante la última vista pública del exfuncionario Tom Socarrás actuó como ente acusador la Fiscalía Quinta Seccional, que develó la manera cómo presuntamente él en beneficio de terceros y propios, operaba contra el Estado, dejando un desfalco que asciende a $2.500 millones en la Secretaría de Tránsito de Valledupar.
De acuerdo a la línea investigativa que partió de las denuncias de varios ciudadanos, entre esos: el jefe del archivo de la entidad pública, Guillermo de Jesús Rivera Pérez, alrededor de 83 vehículos relacionados a un proceso que habilitó el estado mediante la Ley 1630 para modernizar el parte automotor a cambio de subsidios, presentaron irregularidades en falsificación de traspasos de propietarios de vehículo, placas falsas, firmas y sellos falsos de la notaria, vehículos plagiados y cambios de placas.
“Las funciones y modus operandi”: Fiscalía
El implicado José Vicente Ustariz, quien no trabajaba en la Secretaría de Tránsito “pero era cercano a Tom y Maestre” se encargaba de llevar a los señores que muchas veces aparecían como propietarios de los vehículos sin serlo o sin tenerlos como tal para recibir su porcentaje.
El exsecretario Óscar Tom Socarrás, presuntamente, se encargaba de solicitar las placas nuevas a los vehículos que se las iban a cambiar o plagiarlos. “Casualmente muchas de esas que obtuvieron esas placas nuevas desaparecieron, se esfumaron de la Secretaría de Tránsito”, mientras que el concejal Leonardo Mestre, se encargaba de los tramites y requerimientos que los hiciera legales para la chatarrización, según indicó el fiscal quinto.
Continuando lo explicado por el organismo investigador, Ingrid Yusilmy Hinojosa Gutiérrez y otros, eran los encargados de expedir certificados documentos que corroboraran que los carros podían ser chatarrizados.
Los demás implicados habrían trabajado de manera particular como tramitadores y haciéndose pasar como propietarios de vehículos chatarrizados que están en circulación por las calles, que sus traspasos para ser propietarios eran falsificados o eran chatarrizados varias veces solo cambiándoles las placas.
Un caso ejemplo, según Fiscalía
El vehículo NDK 425, cuya solicitud de desintegración la realizó la señora Yoiser Elaine fuentes Vega el 16 de marzo del año 2015, quien era la última propietaria, según especificación de libertad y tradición histórico, firmado por Ingrid Hinojosa Gutiérrez, por medio del poder otorgado por la señora Tomasa Isabel Sierra Vizcaíno, una señora de 80 años. La visita la Fiscalía tres días antes de la solicitud de chatarrización vehículo que no cumplía con los requisitos. En la entrevista esta menciona que el vehículo era propiedad de su padre José Francisco Vizcaíno Sarmiento, quien lo vendió por partes y él murió en 1995, anexó su certificado de defunción. Para corroborar la información los peritos mostraron los documentos del traspaso que supuestamente realizó el señor Vizcaíno Sarmiento al vender el carro. La señora afirma que esa no es la firma de su padre por la obvia razón de que su padre ya estaba muerto hace ocho años.
Los días del concejal
Leonardo Mestre Socarrás lleva más de dos meses en su vivienda encerrado, en lo que para él ha sido una de sus mayores pruebas. “Solo puedo salir a visitar el médico y las actividades judiciales en compañía del Inpec. La mayor parte del tiempo estoy en mi oficina de abogado trabajando con otros compañeros”, aseguró el concejal, quien esta semana asistió a una audiencia que fracasó para recibir la devolución de su celular incautado cuando lo capturaron el pasado 27 de julio. Momentos en que asegura no olvidar porque pasó 10 horas en la cárcel judicial, “por unos inconvenientes de la autoridad”.
El especialista en Derecho Probatorio de la Universidad Sergio Arboleda expresó que no pudo haber participado en el ‘Cartel de la chatarrización’ porque ingresó como asesor jurídico de la Secretaría de Tránsito en diciembre de 2013, con un contrato de un mes y en el 2014 con un contrato desde enero hasta julio. “Mis funciones eran revisar las actuaciones administrativas del secretario de Tránsito. No sé cómo pude haber participado”, dijo.
También reconoció que ingresó al cargo de asesor por el alcalde de turno, Freddy Socarrás Reales, y que tenía un grado de amistad con Tom Socarrás, pero que solo se dedicó a sus funciones. “Cada quien responderá por sus responsabilidades penales. No sabría decir si de verdad hay víctimas, hay unos temas procesales que hay que esperar que se surtan para poder determinar responsabilidades de si hubo o no fallas en la Secretaría de Tránsito”, aclaró.
Por Marllelys Salinas / EL PILÓN
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