Por: Luis Napoleón de Armas P.
Cada año, por esta época, la televisión señala la extorsión a la cual son sometidos los padres de familia mediante las costosas e innecesarias largas listas de ítems escolares. Esta es una pesadilla que desestabiliza a la mayoría de los hogares colombianos. Esto refleja la debilidad del Estado frente al sector privado que maneja más del 50% de la educación en los niveles preescolar, básica primaria y secundaria. La venta de textos y similares es un negocio paralelo al de los servicios educativos propiamente dichos en el cual podrían estar implicados editoriales, dueños de colegios y asociaciones de padres de familia, APF. No hay derecho a abusar de la prestación de un servicio social tan sentido como el de la educación. Piden cosas para lo más inverosímil, incluso, en cantidades fuera de toda proporción racional. Recuerdo bien, que cuando yo estudiaba en el colegio Loperena, fueron pocos los libros que me tocó comprar, pese a que internet no era aún una ayuda soñada. Pocos textos eran necesarios, el profesor ofrecía lo mínimo para el aprendizaje; por ejemplo, el álgebra de Baldor, la físisca de Alonso y Acosta, la apologética, algo de literatura y los textos de idiomas, no tanto por el contenido conceptual sino por el acopio de ejercicios y problemas contenidos. Curiosamente, la formación era más sólida. Parece que, hoy, los profesores sobran. Ahora, viéndolo bien, con la información que tenemos en red, no es necesario ningún libro; además, estos, cada día, resultan más obsoletos por la dinámica del conocimiento. Además, fijar textos limita el ámbito de la investigación. En cuanto a los apoyos logísticos, cada colegio debe tener sus propios laboratorios para las prácticas de experimentación y comprobación; cuando se tiene una empresa, y un colegio privado lo es, todos los niveles de resultados (en los cuales se mide la eficacia) deben estar en función de unos procesos (en los cuales se mide la eficiencia). Pero estos procesos no tienen la vigilancia requerida; la tragedia repetitiva de los “útiles inútiles” así lo demuestra. Las llamadas APF, veedoras de todos los procesos educativos, por lo general actúan como proxenetas de los propietarios de los colegios; jamás he sabido que alguna de estas instituciones haya denunciado irregularidades en el colegio donde tienen asiento, pese a que es bien sabido que en muchos de estos, los dueños son unos dictadores. Tampoco lo hacen las secretarías de educación locales y regionales; estamos al garete en esta materia. Las APF están reglamentadas por el decreto 1286 de 2005, (que derogó el decreto 1625/72) en cuyo artículo 12 se establecen las prohibiciones, una de las cuales es la de “imponer a los asociados la obligación de participar en actividades sociales, adquirir uniformes, útiles o implementos escolares, en general, en negocios propios de la asociación o de miembros de esta, o en aquellos con los que establezcan convenios”. En el art 14 se esbozan algunas limitaciones para las directivas del colegio dentro de las cuales cito la siguiente; “no podrán imponer a los padres la obligación de afiliación a la APF como requisito para adelantar cualquier trámite ante el establecimiento educativo”. Tampoco “podrán recaudar dineros o especies con destino a la APF o cuyo cobro corresponda a esta” Sin embargo, lo hacen en el proceso de matricula.
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