Por Carlos Guillermo Ramírez
Hay que abonar, que el Gobierno Nacional, ha venido liderando algunas iniciativas legislativas con incidencia en el campo social, tendientes a mitigar los impactos negativos que han generado en el país la violencia, el desempleo y la pobreza en términos generales; pues las leyes son un recurso peculiar de los Gobiernos y con ellas se tiende a determinar el alcance del mismo, estableciendo la diversidad de cosas que este puede hacer y que no puede, así como las circunstancias en que puede intervenir.
Fue así, como hace pocos días se expidió la ley 6141 de 2013, por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle, cuyo principal objetivo es establecer los lineamientos generales para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle dirigidos a garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de estas personas, con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social; además se dispone en esta ley, que dicha política social estará orientada por los principios de la dignidad humana, autonomía personal, participación social, solidaridad etc.
De igual manera, se definieron los componentes de dicha política con un excelente enfoque, en los que se menciona: la atención integral en salud, desarrollo humano integral, formación para el trabajo y generación de ingresos y convivencia ciudadana.
Hasta ahí parece una iniciativa muy noble y altruista; pero lo que llama la atención es que no se determinó de manera puntual y clara, las autoridades competentes que aplicarán esta política pública, ni mucho menos las fuentes de financiación para hacerlo, siendo este último, el factor preponderante para lograr el propósito de esta iniciativa; claro está, también somos conscientes que las leyes no determinan todas las acciones gubernamentales, pero sí establecen las pautas mínimas de acción y los recursos para lograrlo, sobre todo, en este tipo de acción que sin el acompañamiento de los recursos para soportarla, jamás pueden ser eficaces.
De ahí que en materia de política pública, las leyes pueden ser una condición necesaria pero no suficiente para consolidar una acción de Gobierno, vale decir, una ley tiene la suficiente coerción para autorizar un programa, pero se requerirá de otra para determinar cuánto dinero podrá gastarse en el cumplimiento de la primera.
Ahora, si el gobierno nacional está pensando en los municipios para adelantar dichas acciones y asumir los costos de esta iniciativa, temo que por la aguda crisis de los entes territoriales, sumado a la gran cantidad de problemas a su cargo, lamentablemente esta población seguirá durmiendo en la calle.