“Ejército mató a dos de las Farc sindicados de asesinar a [La] ‘Cacica’”, reza el titular de portada que abrió la edición del 17 de julio del año 2003 en el diario EL PILÓN.
La nota periodística, acompañada de una amplía fotografía de los cuerpos de los presuntos guerrilleros, ocupó el mayor espacio de la página por la relevancia que tenía para la comunidad vallenata. Y no era para menos. Se anunciaba el primer aparente resultado operacional sobre el secuestro y muerte de la exministra de Cultura, Consuelo Araujonoguera, conocida cariñosamente como ‘La Cacica’.
De ahí que la noticia se propagará también entre las salas de redacción de los medios nacionales. El encargado de entregar las declaraciones fue el entonces comandante del Batallón de Artillería Nº2 La Popa, el teniente coronel Publio Hernán Mejía, quien anunció que dieron ‘de baja’ a Uriel Evangelista Arias Arias, señalado jefe del frente 59 de las Farc con el alias de Tito Arias y a Javier Cáceres Pacheco, con el alias de El culebro.
La versión militar detalló, también, la manera cómo los pelotones especiales ‘Zarpazo’ y ‘Trueno’ desarrollaron el operativo en una región boscosa de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde además fueron destruidos modernos campamentos construidos para el albergue de los insurgentes.
“LA VERDAD DEL OPERATIVO”
Por muchos años esa historia estuvo como uno de los resultados operacionales más trascendentales en el año 2003, pero se desvaneció como tierra en agua una vez los involucrados en la misma en su mayoría aterrizaron en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
De acuerdo a las versiones voluntarias recopiladas, en realidad las acciones militares tuvieron lugar en zona rural de Valledupar donde no hubo enfrentamientos o combates.
Los pelotones especiales ‘Zarpazo’ y ‘Trueno’ al mando de Eduart Álvarez Mejía y el teniente Carlos Lora Cabrales, respectivamente, usaron guías pertenecientes a los paramilitares para la ubicación de las víctimas a quienes señalaron de guerrilleras.
Los dos grupos se dividieron los corregimientos de La Mina, en la Y de los caminos de Guatapurí, Chemesquemena y Atánquez.
“En el caso de Tito Arias, un guía dijo que todos los días salía a ordeñar unas vacas en Guatapurí, eso fue entre Chemesquemena y Guatapurí, ahí fue capturado por el SLP. Valencia, traía una mochila ese día, trató de sacar el arma, pero no pudo, se le quitó la mochila, ahí fue capturado, el teniente Álvarez le dio la orden al SLP. Valencia que lo asesine, lo asesinó con el fusil de dotación [Sic]”, reza la indagatoria rendida por Yeris Andrés Gómez Coronel, el 22 de febrero de 2017 ante la Fiscalía 34 especializada UNDH-DIH de Valledupar que fue retomada por la JEP.
LOS INCENTIVOS
Agregó que en esa oportunidad la Gobernación del Cesar ofreció una recompensa de hasta $50 millones a los que dieran con los responsables de la muerte de ‘La Cacica’. Sin embargo, el soldado Victoriano Valencia Córdoba no recibió esa cantidad de dinero por la muerte de ‘Tito’ Arias.
“A mí sí, por ese resultado, sí me dieron un millón de pesos (…) ni el millón (…) como novecientos y algo”, dijo Valencia en su versión voluntaria ante la JEP el 6 de febrero de 2019. Su comandante de la época de ‘Zarpazo’ Eduart Álvarez Mejía fue condecorado por la Alcaldía de Valledupar.
El pelotón ‘Trueno’ en cambio avanzó hacia las afueras de Guatapurí donde sacaron de su casa a Carlos Arturo Cáceres, quien se encontraba con su esposa que había dado a luz su hijo. A Cáceres a los pocos minutos también le dieron muerte.
LOS KANKUAMOS
La familia de Uriel Evangelista Arias aseguró que el kankuamo no era comandante de nada. El cadáver fue reclamado por su primo kankuamo Tómas Arias Martínez, quien hizo parte del Ejército. Este afirmó que por reclamar el cadáver de Uriel en Medicina Legal el 16 de julio de 2003 al poco tiempo le dieron de baja en la institución.
“Cuando me retiraron del Ejército, ella (su mamá) lloraba y me decía: ‘Cheas, pero gracias a Dios que no te mataron como a Finey como a Tito, como a todos. Gracias a Dios no te mataron, tienes vida, hay esperanza’. Y sí, de verdad que sí hay esperanza”, aseguró Arias.
El pueblo indígena considera que sufrieron de una estigmatización por las fuerzas militares que arreció tras la muerte de ‘La Cacica’.
LOS INVOLUCRADOS
La Fiscalía General de la Nación por la muerte de Uriel Evangelista Arias Martínez y Carlos Arturo Cáceres imputó a 6 militares y dos desmovilizados por participar en el hecho donde las víctimas fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate.
Entre esos estuvieron los militares Publio Hernán Mejía Gutiérrez, Carlos Andrés Lora Cabrales, Efraín Andrade Perea, Luis Francisco Aragón Buelvas, Wilson Blanco Pérez y Jairo Antonio Rodríguez Castro; así como también, los exparamilitares Leonardo Enrique Sánchez Barbosa, alias el Paisa y Geiber José Fuentes Montaño, alias el Ruso.
De ellos, Publio Hernán Mejía Gutiérrez, Carlos Andrés Lora Cabrales y Efraín Andrade Perea hacen parte de la JEP junto con otros uniformados involucrados como Eduart Gustavo Álvarez, Yeris Andrés Gómez, Alex Mercado, entre otros.
Sin embargo, Publio Hernán Mejía no reconoció los falsos positivos endilgados mientras era comandante del Batallón La Popa. De hecho, en una de sus versiones voluntarias aseguró que ‘Tito’ Arias era tildado de guerrillero y de haber participado en el rapto donde perdió la vida la exministra Consuelo Araujonoguera.
Así las cosas, el alto oficial afrontará un juicio mientras que los que reconocieron el hecho esperan una sanción de la Jurisdicción de la Paz.
En el 2011, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar de Descongestión condenó a 18 años y ocho meses de prisión al exguerrillero Manuel Enrique Mendoza Rodríguez por su presunta participación en la muerte de la exministra. Asimismo, por este crimen condenaron a los exjefes de las Farc, entre ellos Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez y Efraín Guzmán.
Marllelys Salinas / EL PILÓN