ENTRE OTRAS COSAS….
Por: Dario Arregoces
Tomando prestada la frase: imperativo categórico acuñada por Kant, es un deber ético moral del actual gobierno, devolverle la majestad, brillo e independencia, que merece la justicia, empezando por derogar la Ley 790 de 2002 por medio del cual se fusionó, –dizque por razones de ahorro fiscal-, el Ministerio de la Justicia con el del Interior, como si sus funciones fuesen afines.
Es claro que las competencias de una y otra cartera es de tal complejidad que se justifica per se, su autonomía la que se ha mantenido desde su creación. Nos bastaría con citar, a manera de reseña histórica, la ley 13 de 1890 cuando se le encomendó la tarea al Ministerio de Justicia, de ejercer vigilancia y control del órgano jurisdiccional; en 1960 se le encomendó la función de velar porque se administre pronta y cumplida justicia, además de estudiar e investigar las causas del delito y la dirección de los establecimientos carcelarios.
En 1974 se le asigna al Ministerio de Justicia la misión de formular la política de Estado en materia de justicia, realizar investigaciones socio-jurídicas y criminológicas para determinar la eficacia de la legislación vigente y propiciar su reforma, asimismo prestar a la Rama Judicial los auxilios administrativos, técnicos, científicos y económicos necesarios para el ejercicio de sus funciones y finalmente la de organizar, administrar y vigilar los establecimientos carcelarios. Con la Constitución Política de 1991, el Ministerio de Justicia, abandona su papel de administrador y asume el rol de planificador de políticas en materias jurídicas, además se encarga de impulsar las reformas legislativas amén de evaluar la eficacia de la legislación promoviendo soluciones prejudiciales de conflictos y brindando cooperación y asistencia jurídica en la comunidad internacional.
Históricamente el Ministerio de Justicia ha sido independiente y lo más aconsejable es que lo vuelva a ser. En este orden de ideas, es de buen recibo que el presidente Santos haya rectificado la posición de su antecesor y mediante proyecto de ley que cursa en el Congreso, se pretende devolver al Ministerio de Justicia, la independencia perdida.
De otra parte, hay que anotar el gran acierto del presidente, al designar en esa cartera a Germán Vargas Lleras, pues es evidente que con su talante caracterizado por el respeto y la mesura –como debe ser-, tanto las relaciones con las altas cortes, como con el Congreso de la República, gozan de mejor salud. Atrás quedaron los discursos mediáticos, virulentos e irrespetuosos del Ejecutivo contra las altas cortes.
Pero si la fusión de ministerios fue un desastre, también lo fue el nombramiento de algunos de los funcionarios escogidos para regentar dicha cartera, pues aún se recuerda a Fernando Londoño Hoyos, al frente del Ministerio de Justicia. Su reprochable conducta en la venta de las acciones de Invercolsa, que terminaron con sentencia en su contra proferida por el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá, en cuyo fallo se le obliga a devolver dichas acciones y a pagar la suma de ciento cuarenta y cinco millones de pesos. Que podremos decir del economista Sabas Pretelt De La Vega, destituido e inhabilitado disciplinariamente para ejercer cargo público, por haber cometido “ciertas indelicadezas”. Y completa la lista, Fabio Valencia Cossio, quien con el mayor cinismo se hizo el de la vista gorda frente al escándalo de su hermano Guillermo León Valencia, hoy investigado entre otros delitos por concierto para delinquir, obstrucción de la justicia y enriquecimiento ilícito.
Todos ellos se sentaron en la misma silla ministerial de Rodrigo Lara Bonilla. ¡Que horror!
NOTA DE CIERRE: Le pido muy comedidamente al gobernador Cristian Moreno, que se acuerde de arreglar la vía Valledupar – Pueblo Bello, pues actualmente se encuentra muy deteriorada, como consecuencia del invierno.
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