Tal parece que las ideas de cambios administrativos no son solo tema del gobierno de Petro, donde se comenta que saldrán siete ministros del gabinete presidencial, aquí a nivel local también se anuncia una reestructuración en el equipo directivo de la Universidad Popular del Cesar, UPC.
Aunque fue de manera informal, corrió muy rápido por todas partes la noticia en la que se dice que el rector de la UPC, Rober Romero Ramírez, les pidió renuncia protocolaria a todos los funcionarios de cargos directivos de libre nombramiento y remoción.
El común denominador en las dos situaciones de cambio, tanto allá en Presidencia como acá en la UPC, es que muchos congresistas andan por ahí merodeando.
A diferencia de la Presidencia de la República, es claro que el tema de la UPC se enmarca, o debería enmarcarse, en el ámbito estrictamente académico y administrativo, pero también es cierto que esta institución por años, o tal vez por décadas, ha estado inmersa en disputas políticas, además de las confrontaciones entre los sectores internos que constituyen los diferentes estamentos de la comunidad universitaria.
Con la llegada del rector Romero a la UPC se apaciguaron los ánimos en cuanto a esos vientos tormentosos que soplaban en las distintas áreas de la universidad y comenzó a respirarse un ambiente favorable para el reinicio y normal funcionamiento de los procesos académicos, propósito que debe prevalecer por encima de todas las cosas.
La UPC debe empeñarse a fondo para lograr la acreditación de todos los programas académicos por los que viene trabajando hace rato, está en un momento clave para conseguirlo, a ello aducen las razones de los cambios, eso es lo que se espera que sea en realidad y no que estos obedezcan a motivos de otra índole en los que se premie el interés político por encima de los principios académicos.
Es importante la paz que por estos momentos se vive al interior de la UPC, pero más necesario aún debe ser la meta académica y el cumplimiento misional de esa institución.
Con el anuncio de estos cambios en el área administrativa de la UPC es posible que se vuelva a asomar el temor por la reactivación de sectores inconformes con tales decisiones, es ahí donde el rector debe mantenerse incólume, defender la academia y al mismo tiempo mantener la buena convivencia académica.
Reconocemos que la decisión del rector es un acto de autoridad, aunque drástico, que puede ayudar a consolidar el proceso de mejoramiento que requiere la UPC, sin desconocerse que también podría representar un posible riesgo de perder lo logrado hasta el momento.
No se puede desconocer que la UPC requiere del apoyo de la clase dirigente y de muchos estamentos sociales para seguirse perfilando con los mejores estándares de calidad. No obstante, se debe mantener el punto de equilibrio entre lo académico y los demás factores que influyen en su tarea misional.
Hablando en términos ideales y si se tiene en cuenta que la acreditación no es solo un sello de calidad, sino un reconocimiento del compromiso de una universidad con la excelencia académica y administrativa, podría decirse que, en este sentido, la medida adoptada por el rector resulta necesaria dentro del proceso de autoevaluación y mejora continua. Esperemos entonces que en verdad así sea.