Desde que la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, “por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, concibió la autonomía universitaria y le dio riendas sueltas a los funcionarios de las universidades del país para que designen sus propias normas y se rijan de manera autónoma, la Universidad Popular del Cesar (UPC) entró en declive.
No me refiero a las otras universidades de Colombia por no conocer a fondo cómo son administradas por sus rectores y los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU). Me circunscribo únicamente al estado de postración en que nos han metido quienes desde hace 24 años se “adueñaron” de la UPC.
Se comenta en los pasillos de la universidad, que la maquiavélica autonomía universitaria ha sido aprovechada por cinco o diez funcionarios para saciar apetitos burocráticos y para hacerse ricos a costillas de los presupuestos.
Se afirma que se pueden contar con los dedos de una mano quiénes llegaron “limpios” a la Rectoría y hoy fungen como los nuevos ricos de la región y atrás de ellos van otros cinco más que no se sacian de seguir succionando hasta el último centavo, mientras no hay libros en la biblioteca, los laboratorios carecen de materias primas, los pupitres son una colcha de retazos, no hay logística para los docentes, a los profesores los persiguen y humillan, les pagan lo que les da la gana y hasta promueven un concurso de méritos para docentes que fue elaborado a caprichos de unos cuantos directivos.
Da vergüenza que en 24 años, desde la mentada Ley, solo dos rectores hayan podido ejercer sus funciones sin tantos sobresaltos, cuando debieron ser seis, cada uno cuatro años. Los estamentos sostienen que todo sigue igual porque no es la voluntad de los estudiantes, profesores y egresados la que se impone en la designación del Rector sino que los miembros del Consejo Superior escogen a dedo.
Para muchos, lo que acaba de pasar con el rector Carlos Oñate es producto de la improvisación y la entrega a que ha sido sometida la UPC desde hace dos décadas, por mantenerse en el poder.
Inclusive, varios docentes y administrativos han manifestado que el fallo del Consejo de Estado en el que se declara nula su designación “ya estaba cantado”, porque dicho proceso comenzó mal.
El fallo fue contundente, porque afirma que su designación fue irregular y además, estaba inhabilitado por no haber renunciado un año antes como miembro del CSU. Pero se está a la espera de un pronunciamiento de la Procuraduría en cuanto a la acusación por prevaricato por omisión en que podrían haber incurrido los del Consejo Superior, por designar a Carlos Oñate como rector, a sabiendas de que no podían hacerlo.
No es que el profesor Carlos Oñate sea el más malo de todos, al parecer no tanto. Pero se afirma que se prestó para seguirles el juego a esos cinco que quitan, ponen y destruyen a la UPC, quienes aún están ahí incrustados, como sabandijas tras el poder.
Lo otro es que el nuevo Rector deberá ser designado de los cuatro que integran la lista en donde fue escogido el destituido: Yobe Caballero, César Torres, Félix Movilla o Enrique Meza.
Lo que se espera es que no vuelva la mano despiadada ni promotora de las componendas corruptas a saciarse de nuevo, para designar a otro Rector que esté inhabilitado o se escoja para saciar apetitos burocráticos, no pensando en los estamentos universitarios. Hasta la próxima semana.
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