Luego que se destapara el caso de corrupción ocurrido en la Registraduría Nacional del Estado Civil del municipio de La Paz, Cesar, en el que fue capturado Oswald Morales López, registrador municipal; Liliana Judit Amauris Rojas, su secretaria, entre otras personas, se conoció que entre los 9 procesados está Álvaro José García Pacheco, quien actualmente se encuentra privado de la libertad, señalado por los delitos de tráfico de migrantes, falsedad Ideológica en documentos públicos y concierto para delinquir.
“Mi proahijado, el señor Álvaro José ya se encuentra privado de la libertad en la Estación de Policía Permanente Central de Valledupar, por un proceso que se cursa en Barranquilla, por el delito de tráfico de personas”, aseguró el abogado defensor Álvaro José García Pacheco.
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Según lo conocido por el diario EL PILÓN, García había sido capturado por orden judicial a finales del mes de julio en la carrera 19 con calle 12 del barrio Simón Bolívar de la capital del Cesar, por parte de los uniformados del cuadrante 18 de la Policía Metropolitana, tras ser requerido por circular azul de la Interpol.
De acuerdo con la declaración de las autoridades en ese entonces, el individuo natural de San Diego, Cesar, era requerido por la Fiscalía 007 delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla y solicitado en más de 190 países por participar presuntamente en varios delitos.
Ahora, García, quien para esa fecha fue detenido justo cuando conducía un taxi de placas TLV-616, se le atribuye un nuevo proceso judicial.
Esto, tras ser señalado recientemente por la Fiscalía 66 Especializada Contra las Violaciones de los Derechos Humanos, de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de migrantes, falsedad en documento público y privado, tráfico de migrantes en calidad de autor, falsedad ideológica de documentos públicos y tipificación de hacer incurrir a funcionario judicial.
En las audiencias preliminares adelantadas en contra de estas personas, se estableció que Álvaro pertenecía al grupo delincuencial organizado denominado ‘Granada’ el cual estaba siendo investigado desde el año 2019 y en el que colaboraba con el trámite de los documentos expedidos irregularmente para ciudadanía extranjera.
Es de precisar, que, según el jurista, durante los últimos tres años, alrededor de 2.700 cédulas y 670 pasaportes que han salido de funcionarios de la ciudad de Valledupar también se encuentran en investigación.