Por: Raúl Bermúdez Márquez
Los aportes insuficientes que la Nación viene haciendo desde el año de 1993, los cuales han tenido un crecimiento en muchos casos inferior al del IPC, no consideran las nuevas realidades de las universidades públicas, como el incremento de cobertura, el aumento de programas curriculares en pregrado y en posgrado, la renovación tecnológica, la adecuación a estándares de calidad nacional e internacional, y las cargas laborales por el crecimiento del número de los docentes, capacitación y reconocimiento de la producción de los mismos; lo anterior plantea la inviabilidad de las universidades públicas del país en un futuro cercano.
La educación es un atributo inalienable del hombre, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero no sólo eso. El 16 de septiembre de 2009, el presidente Barack Obama, reconocía que “El futuro pertenece a la nación que mejor eduque a sus ciudadanos”. La Asociación Sindical de Profesores Universitarios de tiempo atrás viene presentando los casos de cinco universidades que están en situación de quiebra por falta de recursos: U. de Pamplona, UPTC de Tunja, U. del Atlántico (sometida a la Ley 550 de quiebras), U. del Valle y U. Tecnológica del Chocó.
Existen casos difíciles en otra decena de universidades. Por ejemplo, la Popular del Cesar, con 14 mil estudiantes, 25 programas de pregrado presenciales en sus tres sedes y un número similar de programas de postgrado, recibe del gobierno central en valor presente la misma asignación presupuestal de 1993 cuando no llegaba a mil estudiantes. Lo anterior ha provocado un encarecimiento desproporcionado de la matrícula estudiantil, el congelamiento y disminución de la planta docente de carrera (de 108 pasó a 90 profesores) y el crecimiento desaforado de profesores ocasionales y catedráticos (pasan de 600).
La situación general ha llegado a tal extremo que los mismos rectores de las universidades agrupados en el Consejo Nacional de Rectores contrataron un estudio que demostró el desfinanciamiento y déficit acumulado de ellas que sobrepasaba los $158.000 millones. Con estudio en mano, se reunieron en la Casa de Nariño el 10 de diciembre de 2008 con el presidente Uribe quien les prometió que en el presupuesto para la vigencia del año 2010 el rubro de educación superior se incrementaría por encima del IPC para resolver la situación. Pasaron los meses, se presentó el proyecto de ley de presupuesto y Uribe incumplió su compromiso. Los recursos adicionales fueron a parar al Icetex (50 mil millones) y a Colciencias (30 mil millones). En cuanto al primer monto, se beneficia ante todo a la universidad privada, porque son los estudiantes de esos entes los que más uso hacen del Icetex y en relación a la plata de Colciencias, serán las universidades de mayor desarrollo investigativo las que podrán acceder a esos recursos.
La prioridad que asigna cada país a la educación en la repartición de recursos se mide con el indicador del gasto público en educación como participación del Producto Interno Bruto (PIB), así lo indican los expertos. Para Educación Superior en Colombia, sólo se destina el 0.45% del PIB, muy lejos del 1% que se destina en Brasil, o del 1.2% en Chile. Se puede afirmar entonces que la dinámica presupuestal que parte desde 1992 con la Ley 30, ha venido desdibujándose por la expedición de leyes que hacen mella en la inversión de las instituciones de educación superior estatales.
Lo que antes era para la construcción de laboratorios, mejoramiento de la infraestructura, hoy es utilizado para gastos de funcionamiento sin compensación alguna en las partidas presupuestales. En semejantes circunstancias, el futuro de la universidad pública en Colombia depende de la respuesta del Gobierno. De ser positiva, podrá cumplir con su misión, de lo contrario su futuro se proyecta con visos apocalípticos.
PD: Los anteriores, son apartes de la ponencia que preparamos para el Foro de Financiamiento de la Universidad Pública, realizado en Bogotá los días 2 y 3 de marzo pasados, al cual no pudimos asistir por la negativa de la nueva administración a incluirnos en la delegación de la UPC.
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