El departamento del Cesar fue uno de los más azotados por los secuestros que inició la guerrilla y, que luego, en otro plano, desarrollaron las autodefensas. Esos primeros acontecimientos, llenos de envilecimiento y dolor, fueron también una semilla irascible para que creciera alentado el diablo paramilitar.
El secuestro, junto a la gemela extorsión, fue el hecho de mayor recordación en vastos sectores de la población, no solo pudiente porque afectó a sectores medios. Y ese delito enlodó la lucha política armada y la convirtió en desprecio a los derechos humanos. Muchas potenciales víctimas, conocido el sufrimiento a que se exponían, preferían asumir el riesgo de ser asesinados antes que secuestrados. No era una serie de Netflix o Amazon, vista en la pantalla voluntariamente, sino el ineludible hecho del diario noticiero.
Ha servido bastante a la oposición a los acuerdos de paz el duro recuerdo de esas retenciones forzosas. El Cesar lideraba las cifras. Alcanzó a ser el departamento más expoliado del país, por el número de eventos, en proporción al total de su población.
En Cesar, La Guajira y Magdalena, la mayoría de los secuestros los hizo el ELN, práctica que continúa donde tiene presencia; las Farc, de modo más selectivo, registrando víctimas de mayor valor.
En su primera gran acusación, la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, ha identificado que las Farc ejecutaron casi 24 mil secuestros en sus décadas de existencia militar. Los consideró delitos de lesa humanidad, verdaderos crímenes de guerra cuyos protagonistas son los máximos comandantes. Se expondrán en estos días en los medios informativos los detalles e implicaciones de esa voluminosa investigación.
Un paso en la dirección correcta a la cual los destinatarios imputados tendrán que reconocer los cargos o desafiarlos, con las consecuencias legales. En el primer caso, probable, pues han manifestado que acudir a ello fue errado, inhumano y contraproducente a su causa, y empezaron jornadas de pedir perdón a las víctimas, deberán comprometerse a repararlas y a acatar las sanciones que establecerá la jurisdicción. En el segundo, que sería un desafío a la ciudadanía, los haría meritorios de severa cárcel.
Puestos en el escenario previsible, no quedará sino entender que es la consecuencia lógica, aunque indeseable para muchos, de los acuerdos firmados. Pero también muchos, incluidos paradójicamente la mayor parte de las víctimas, percibirán que por la paz, la tranquilidad y la reconciliación valdrían la pena.
Esos jefes en la guerra, salvo que excepcionalmente encontraran la muerte, gozaron de impunidad por décadas, con condenas judiciales inejecutables, y morían de viejos.
Se debate la representación y ejercicio de la política de esos jefes rebeldes convertidos en ciudadanos ‘comunes’. El Acuerdo los ampara, y así ha sido en el mundo, de suerte que vemos a los sanguinarios del antiguo Ejército Revolucionario Irlandés (IRA) en el británico Reino Unido o a los talibanes del terror de Afganistán, acordados con los Estados Unidos, arribando a los órganos del poder.