Por: Imelda Daza Cotes
Equidad y justicia son principios sobre los cuales debe sostenerse todo sistema fiscal y el régimen tributario que le corresponde refleja la esencia política del sistema de gobierno que lo implementa. Si se trata de un régimen democrático los impuestos que pagan los contribuyentes no son sólo la principal fuente de recursos del Estado, sino que son también una herramienta importante para la redistribución de la riqueza y para la implementación de políticas de justicia social y programas de bienestar ciudadano. Así las cosas, los impuestos tienen que ser progresivos, es decir, a mayor ganancia o renta mayor impuesto. Lo contrario es regresividad, injusticia e inequidad
El gobierno colombiano se ha empeñado en lograr la aprobación de una reforma tributaria que ignora estos principios, es a todas luces retardataria e inconveniente porque acentúa y profundiza las inequidades económicas en un país catalogado como uno de los más desiguales del mundo. Todo indica que la reforma en cuestión tendría efectos severos contra la población de medianos y bajos ingresos a la que castigaría con mayores contribuciones sobre sus sueldos, salarios y honorarios a través del nuevo impuesto IMAN(Impuesto Alternativo Nacional) y con más impuestos indirectos especialmente por IVA. Además amenaza la estabilidad de instituciones muy importantes como el SENA, el ICBF y el de por sí precario sistema de salud como consecuencia de la reducción(del 29.5% al 13.5%) de los parafiscales -gastos de nómina- de las empresas. Se dice que un nuevo impuesto, el CREE –impuesto a las utilidades- compensaría las pérdidas, pero los analistas del SENA han demostrado que los ingresos por CREE serían inestables, volátiles e inferiores a los parafiscales. De otra parte la reforma se propone reducir los impuestos sobre la renta del 33 al 25% a las grandes empresas, a los monopolios y a las transnacionales, al tiempo que los dividendos seguirían exentos, lo cual se traduciría en una merma considerable de los ingresos corrientes de la nación y por ahí derecho se produciría una reducción significativa de las transferencias a las regiones. Se ha calculado que los entes territoriales perderían cerca de 6 billones de pesos.
Los argumentos del gobierno en favor de la reforma no resisten el más mínimo análisis. No hace falta ser experto para saber que la favorabilidad tributaria al gran capital lejos de estimular la economía más bien aumenta la concentración de la riqueza y en ningún país ha generado empleo ni mayores inversiones. Los ejemplos son elocuentes y los han expuesto premios nobeles de economía. No hay evidencias ciertas acerca de que las rebajas de los parafiscales o la engañosa flexibilidad laboral estimulen la generación de empleo. Varios países han optado por esas políticas a propósito de la crisis y los resultados han sido contrarios, porque nada obliga a que así se haga y porque la generación de empleo depende de factores mucho más complejos que una simple política tributaria. Como bien dice Eduardo Sarmiento: “no hay mano invisible que obligue a los empresarios a invertir productivamente o en sectores intensivos en mano de obra las ganancias extras generadas después de la reducción por vía normativa de los costos laborales”
Varios analistas del tema fiscal coinciden en que a la propuesta del gobierno le faltan estudios serios que la sustenten, muchas cifras no son verídicas; todo parece obedecer al afán del gobierno de consagrar los priviliegios del gran capital. Sin duda es contradictorio y preocupante que precisamente mientras en Cuba se instala una mesa de diálogo y negociaciones en busca de acuerdos y soluciones a los problemas más graves del país el gobierno se empeñe en una reforma que va en contravía de esos propósitos. En un escenario se plantean opciones de paz y en el otro se estimulan las injusticias que alimentan la guerra
Desde luego en Colombia es urgente una reforma tributaria pero no para acentuar las desigualdades sino para corregir las inequidades, para hacer justicia y para garantizarle al Estado los recursos que demande la atención y solución de los problemas del país