Una de las principales funciones del Estado es la administración de justicia. La misma se considera un derecho y un servicio intrínseco al poder público y fundamental para la buena marcha de una sociedad.
Buena parte de los problemas que hoy aquejan a Colombia se deben, en parte, a la falta de una justicia eficiente, transparente y oportuna, que dirima los conflictos entre los ciudadanos, y entre estos y el Estado. Inclusive, en opinión de varios expertos, buena parte de la violencia que aqueja al país desde hace décadas se origina, en buena parte, en problemas de confianza en el Estado, en general, pero principalmente en la rama judicial.
De tiempo atrás se ha reconocido que la rama judicial y la administración de justicia en Colombia sufren de una verdadera crisis. La impunidad, los problemas de acceso a la justicia, la falta de una administración oportuna, transparente y adecuada de la misma, que inspire confianza y que sea acatada por los involucrados, además del problema de la congestión de los despachos judiciales, son algunos de las situaciones que están diagnosticadas desde hace varios años por distintas universidades, fundaciones, organizaciones y abogados, analistas expertos en el tema.
De allí las grandes esperanzas que se tenían fundadas en el proyecto de reforma a la rama judicial que el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos presentó a consideración del Congreso de la República, a principios de la administración. La reforma era el complemento a la decisión del Ejecutivo de volver a separar el Ministerio de Justicia y Ministerio de Gobierno; medida que alabamos en estas páginas.
No obstante, hoy debemos registrar con mucho pesar que la iniciativa que está ad-portas de aprobar el Congreso y de convertirse en Ley, dista mucho del proyecto presentado por el gobierno. Se buscaba descongestionar la Rama, dotarla de más recursos económicos, técnicos y humanos para administrar justicia, ya que la congestión le genera, a su vez, problemas de credibilidad y confianza que son lesivos en una comunidad.
Además, se pensaba también en delimitar los alcances de la acción de tutela y la atención a principios básicos del derecho como el debido proceso, el respeto a las garantías mínimas y a la cosa juzgada, entre otros.
Sin embargo, hoy registramos que la reforma es insuficiente e insatisfactoria. Se quedó corta frente a las necesidades del país. Y si bien contempla la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, instituciones con mucha falta de credibilidad, acusadas de corrupción y tráfico de influencias, no cumple, para nada, con las expectativas que había generado.
Por el contrario, la decisión de ampliar el periodo de algunos magistrados hasta por 12 años, ampliar su edad de jubilación a 70 años, decisión que compartimos, y el reconocimiento de la doble instancia para los Congresistas, una falla del sistema anterior, dan a la sociedad el mensaje que lo que se fraguó con la reforma fue un arreglo oscuro entre el Congreso de la República y algunos magistrados de las actuales cortes. Eso no es sano para el país y para el respeto de sus instituciones…
El Gobierno Nacional y el Congreso de la República le quedan debiendo a los colombianos una verdadera reforma a la justicia. Una reforma radical y profunda, que la dote de instrumentos para luchar contra la inseguridad y la impunidad, que toque sus problemas más sentidos, como la congestión, la calidad profesional y ética de parte de su recurso humano, la falta de transparencia y credibilidad de algunos de sus fallos, la falta de recursos técnicos, de mayor inteligencia y logística, etc, además de los serios indicios de clientelismo, corrupción y politiquería que la aquejan. Y lastimosamente los colombianos tendrán que conformarse con lo que hoy se tiene, que dista mucho de lo que debería ser la administración de justicia en un estado moderno y democrático.