Uno de los temas controvertidos en la pasada campaña electoral a la Presidencia de la República, fue el asunto de los impuestos: mientras Antanas Mockus hablaba de subirlos, Juan Manuel Santos decía que no lo haría. Tanto la primera como la segunda posición eran igual de temerarias, pocas veces una persona sabe, a ciencia cierta, cuál es la situación de las finanzas públicas y menos en un país como Colombia, que no se caracteriza, precisamente, por su organización.
Después de asumir la Presidencia, para Santos no fue prioritario el tema tributario y pasaron dos años, inclusive, y su primer Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, no consideró urgente la reforma y la dejó en el congelador. Ahora, el nuevo Ministro, Mauricio Cárdenas Santamaría, experto en macroeconomía, ha vuelto a plantear el tema y a proponerle al Congreso de la República una reforma al régimen de los impuestos nacionales.
En el proyecto presentado se plantea, en materia del impuesto de renta, meter en este impuesto a los asalariados a partir de 2,3 millones de pesos; reducir la tarifa del 33 al 25 por ciento; crear un impuesto alternativo del 8 por ciento, que sustituya las contribuciones parafiscales, es decir los aportes que hoy se destinan al Sena, al ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar; bajo la teoría que desestimulan la generación de empleo. En nuestra opinión, cada uno de estos aportes merece una consideración aparte y lo más prudente es estudiar una financiación particular, en cada caso, para sostener las tareas de esas entidades.
En materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se propone reducir las tarifas a solo tres: 0, 5 y 16. Mantener excluida la canasta familiar y crear una tributación más clara para los lujos, fundamentalmente.
Pero, más allá de entrar en el detalle sobre algunos aspectos del proyecto, lo cierto es que hace mucho tiempo no existía una coyuntura política y económica tan propicia para una reforma a fondo a los impuestos nacionales. En efecto, el gobierno tiene unas amplias mayorías en el Congreso de la República, las cifras macroeconómicas del país son positivas, llevamos varios años de un crecimiento aceptable, el déficit fiscal está bajo control y hay un buen ambiente para la inversión, a pesar de la turbulencia en algunas zonas del mundo, como es el caso de Europa y Estados Unidos.
Es un buen momento para revisar a fondo todo el sistema tributario nacional, y ojalá se pudiera hacer lo mismo con los impuestos territoriales, para sincerar, como se dice popularmente, la tributación en Colombia. Lo cierto es que el actual se un sistema con muchas imperfecciones, que consagra muchos privilegios para algunos sectores, que tiene una tasa nominal alta en el impuesto de renta, del 33 por ciento, pero que, en la práctica, es mucho menor ya que las grandes empresas y también las personas naturales más pudientes se las ingenian para pagar lo que quieran; mientras que las medianas y pequeñas empresas, y los empleados y personas independientes no tienen ninguna alternativa para reducir su tributación.
Es la oportunidad para dotar a Colombia de un mejor sistema tributario, justo y progresivo, reiteramos, es decir en el que tributen más los que más tienen y más ganan; que se estimule la inversión real y de mediano plazo y que no se desestimule la generación de empleo; y se establezca un régimen más equitativo entre sectores y regiones. El tema minero merece una tributación especial por su impacto en materia ambiental y social.
Sobre estos cambios habrá tiempo de analizar la posición de los empresarios, los gremios y los expertos, para evaluar los aspectos negativos y positivos, los costos y beneficios de cada uno de estos cambios. Lo importante es que el proyecto, en su conjunto, vaya en la dirección correcta: crear un sistema impositivo más moderno, justo y progresista, que haga parte de una política fiscal que ayude al crecimiento, a la equidad y a la redistribución de la riqueza y los ingresos, como lo requiere Colombia.