Una oportunidad a la técnica

El presidente de la República, Gustavo Petro, y la saliente ministra de Ambiente, Susana Muhamad, enviaron una carta al Congreso para pedir “celeridad al proyecto de ley que busca prohibir el fracking y otras prácticas no convencionales de extracción de hidrocarburos no convencionales en Colombia”. Esta es una iniciativa que ha sido presentada al Legislativo al menos en cuatro ocasiones y no ha sido aprobada.

La administración Petro ratifica con ese mensaje de urgencia su posición de golpear y marchitar a la industria del petróleo y el gas natural en el país. Queda claro que a la Casa de Nariño le importa más el impulso a una prohibición, sin sustento técnico, que encontrar salidas urgentes al deterioro progresivo de las reservas de hidrocarburos y al fracaso evidente de su política de transición energética.

En medio de la pérdida de autosuficiencia en gas natural para el consumo no térmico -importaciones por primera vez en 46 años-, del poco avance de los proyectos de energías renovables y de la negativa terca a nueva exploración de hidrocarburos, el presidente Petro, lejos de definir una ruta para superar la crisis, alimenta la salida facilista de la prohibición. Lo más grave es que el cierre a esta técnica no convencional de extracción se promueve desde los eslóganes del activismo y no desde las conclusiones de la investigación.

El debate sobre los yacimientos no convencionales lleva más de una década en la que, a pesar de los esfuerzos de gobiernos anteriores de diseñar un marco regulatorio y desplegar proyectos pilotos, no se ha definido el futuro de esta práctica. De hecho, el no al fracking se convirtió en una de las banderas más políticamente jugosas del movimiento ambientalista colombiano, construido sobre los temores a sus efectos sobre el uso y las fuentes de agua, afectaciones al suelo y conflictos con las comunidades cercanas.

La prohibición ideológica como política pública del gobierno Petro se refleja en el sector petrolero tanto en la negativa a nuevos contratos de exploración como en la suspensión de los proyectos pilotos de investigación integral, diseñados para conocer y evaluar los impactos del fracking.

Mientras las reservas probadas de petróleo caen a más de 2 mil millones de barriles por 7,1 años y las de gas natural a 2,37 terapiés cúbicos por 6,1 años, la puerta está cerrada para el desarrollo de un gran potencial en unas ocho cuencas, en especial Valle Medio del Magdalena y Cesar-Ranchería, que multiplicarían esos recursos.

Colombia ya importa gas costoso del extranjero, la crisis energética ya llegó a los recibos de los usuarios, las licencias ambientales entorpecen el avance de la provincia gasífera costa afuera, y la respuesta del presidente Petro y la ministra Muhamad es proscribir un camino tecnológico para extraer la riqueza del subsuelo nacional.

No se trata de desconocer los riesgos sociales, ambientales y técnicos de la exploración no convencional, sino de evaluar qué tanto se pueden mitigar y compensar. Precisamente los pilotos, suspendidos por este gobierno, cumplirían la función de determinar la viabilidad económica, social, ambiental y tecnológica del fracking antes de la adopción de estas prácticas.

Ya van más de dos años y medio en las que la administración Petro ha impuesto la ideología en sectores energético, minero, salud, pensiones, paz y defensa, entre otros, con malos resultados. La seguridad y soberanía energética de Colombia merecen que el futuro de las prácticas no convencionales sea definido por la técnica, la investigación y la ciencia, incluyendo sus riesgos ambientales.

Por: Francisco Miranda Hamburger.

Director de Portafolio