Hace poco el Consejo Nacional Electoral dio a conocer la Resolución No 0127 de enero 30 de 2015, por medio de la cual se fijan los límites a los montos de gastos de las campañas electorales de los candidatos que se inscriban para las elecciones a gobernaciones y alcaldías distritales y municipales, que se lleven a cabo durante este año y la verdad que no hay ninguna relación entre los topes fijados en esa resolución y los gastos que en realidad sufragan cada uno de los candidatos en cada región del país, tanto para llegar a las alcaldías como para llegar a las gobernaciones.
A la hora de la verdad es todo un derroche de dinero el que se maneja fuera de la contabilidad oficial y que se reporta ante los partidos y órganos electorales. Es por ello que el tema de financiación de la política ha adquirido una serie de connotaciones, especialmente dado el contexto de corrupción que rodea este sensible tema, que va desde la financiación de campañas con recursos de las administraciones municipales y departamentales que respaldan candidatos, hasta la presencia de recursos del narcotráfico, como ha ocurrido en otrora; esto sin meter la compraventa de votos que cada día va en aumento.
Está bien que en un Estado democrático como Colombia se ha establecido como necesidad el financiamiento para hacer política, pero esta no puede ser ajena a la realidad viviente en cada rincón del país, ni mucho menos estructurada por unos fríos indicadores económicos que nadie conoce, referenciado como índice de costos a campañas electorales (ICCE), que nace de una variable entre las sumatorias del índice de Precios al consumidor (IPC), el índice de Costos de Construcción de Vivienda (ICCV), el índice de Costos de Construcción Pesada (ICCP), el índice de Costos de Educación Superior Privada (ICESP) y el índice de Transporte de Carga ICTC.
Se necesita estar ciego y sordo, por ejemplo, para no ver ni percibir los monumentales costos que mueven las campañas electorales aquí en el Cesar o en La Guajira, las cuales no tienen límites y desbordan las pírricas cifras que se fijan como límites de financiación en estos departamentos; quedando las elecciones a merced no de los programas de gobiernos que se inscriben ante la Registraduría, sino de las montañas de dinero que se utilizan para seducir al elector con dadivas que van desde una pinche lamina de zinc, hasta el alistamiento de los menesteres escolares.
Como quien dice en un país de vivos donde campea la corrupción en materia electoral, es increíble la inocencia del Consejo Nacional Electoral, cuando desde ya cada candidato sabe cuánto le toca meterse al bolsillo para ganar una elección, vale decir, los limites a los gastos electorales no son más que una mentira mal echada que nadie la cree.