Nuestro país tiene tres plagas y tres problemas estructurales: el narcotráfico, la violencia política y la corrupción; y el desempleo, la baja calidad e insuficiente cobertura de la educación y, la ineficacia y politización del sistema de administración de justicia. Sin resolverlos no podremos construir la Colombia justa, segura y próspera que merecemos.
Pues bien, esta semana el Simci de Naciones Unidas, “reporta una reducción del 9 % en el área sembrada con coca, pasando de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 en 2019”. Es una muy buena noticia, en particular porque se ha conseguido sin que se haya acudido a la fumigación aérea que inexplicablemente sigue suspendida.
Ahora, hay que hacer algunas precisiones. Si bien logramos detener el avance de los cultivos de coca, la cifra sigue siendo inmensa y estamos lejos de los resultados que se obtuvieron durante el gobierno de Uribe (bajaron hasta 63 mil ha).
La erradicación sí genera resultados. En donde se hace la reducción en los cultivos es del 22%. A pesar de la reducción de hectáreas cultivadas la producción de cocaína no solo no disminuyó, sino que aumentó un 1.5% en relación con el 2018. Es un dato muy grave. Los cocaleros necesitan menos territorio para producir más hoja de coca.
Hay que transformar de manera rápida el modelo de intervención en las zonas cocaleras, con consideración de las circunstancias estructurales y coyunturales de cada una de ellas. Dos cambios son fundamentales: por un lado, entender que no basta con el control militar de área sino que se necesita el control integral e institucional del territorio. La presencia de la Fuerza Pública es necesaria e indispensable, pero insuficiente. Se requiere de mucho más Estado.
Por el otro, hay que reemplazar con urgencia el sistema de subsidios directos a los narcocultivadores. Ese sistema es antitético e ineficaz, premia a quienes violan la ley por encima de los campesinos que solo se dedican a los cultivos lícitos, permite el uso del dinero de los subsidios para reemplazar en otro lugar los narcocultivos erradicados e incentiva a pasarse a la coca a quien solo ha sembrado legal y nunca ha recibido ninguna ayuda. La alternativa es la acción institucional integral en la zona y la generación de proyectos productivos que beneficien a toda la población y no solo a los narcocultivadores.
Después, desde 2015 los cultivos vienen concentrándose en seis específicas zonas del país, claramente delimitadas, con características de enclaves productivos, entre ellas la provincia de El Naya y Argelia y El Tambo en el Cauca. La acción del Estado debe concentrase ahí.
Finalmente, en el pacto con las Farc se establecieron múltiples incentivos para aumentar la siembra ilícita y el negocio del narcotráfico. Si no se eliminan, seguiremos perdiendo esta batalla