La caída del puente de Chirajara, en el departamento del Meta, que dejó una decena de trabajadores muertos y otros heridos, deja una gran lección para todas las entidades que ejecutan millonarios recursos en obras de infraestructura.
Evidentemente, la muerte de los obreros es lamentable, las investigaciones de las autoridades establecerán responsabilidades y sancionarán a quién corresponda, pero el tema de la ejecución de millonarios recursos en proyectos de infraestructura cobra toda la importancia del caso por cuanto preocupa la idoneidad de las obras que se adelantan a lo largo y ancho del país.
El Presidente Juan Manuel Santos ordenó hacer el máximo seguimiento a las investigaciones que se realicen sobre las causas de la desafortunada caída del puente en construcción, que hace parte del proyecto de la segunda calzada de la autopista Bogotá-Villavicencio, en el cual van invertidos más de 300 mil millones. Y dijo una frase: “Que esto no vuelva a ocurrir”. Claro que no debe volver a ocurrir.
Este caso infortunado debe hacer reflexionar a todos los ordenadores del gasto, porque cuando los ingenieros estructuran un proceso contractual, van condicionados a las normas técnicas que rigen la construcción en Colombia. Presentan las ofertas y así las aprueban, y así las deben ejecutar. Ahí es donde está la clave, en una interventoría adecuada y en una supervisión eficiente del ente, porque ha hecho carrera que los contratistas reperfilan y optimizan los recursos del adjudicados para la compra de materiales.
De alguna manera el papel de la interventoría está fallando, en el sentido de que flexibiliza las condiciones exigidas en los pliegos, en tanto que la norma lo permite. Por eso no hay que olvidar la solidaridad de la interventoría, como está establecido en la Ley 80.
El llamado de atención es para todos los mandatarios, en este caso de manera especial para los del departamento del Cesar, donde hay muchos recursos del Sistema General de Regalías y del Sistema General de Participaciones en ejecución de importantes obras, que en un gran porcentaje son desarrollados por contratistas foráneos, los ingenieros del Cesar hace rato que no tienen en sus manos el desarrollo de la infraestructura departamental.
Por eso con mayor razón la vigilancia a esa ejecución debe ser puntual. En junio del año pasado, en el auditorio Leandro Díaz y contando con la presencia del exvicepresidente de la República, Germán Vargas, la Cámara de Comercio de Valledupar presentó un informe detallado de la situación desastrosa de los proyectos nacionales en proceso de construcción en el Cesar.
Existen registros, que el departamento del Cesar los proyectos siniestrados por falta de control y liderazgo nacional, han generado deudas a proveedores y subcontratistas locales por más de medio billón de pesos. El tramo vial Codazzi – Cuatro Vientos sigue siendo una ilusión presupuestal y la competitividad del Cesar sigue cayendo con la parálisis de la Ruta del Sol en los tramos 2 y 3 y del contrato adicional Ocaña–Gamarra. De igual manera, el abandono de la concesión vial Cesar–Guajira por la falta de gerencia técnica para determinar la viabilidad social del proyecto, la inexistente navegabilidad del Río Magdalena y la insuficiencia operacional del aeropuerto Alfonso López Pumarejo, resumen el impacto que alcanza la corrupción institucionalizada.
Este funesto suceso en la vía Bogotá-Villavicencio debe ponernos a pensar. Que las obras se hagan bien, que las interventorías hagan bien su trabajo y los entes contratantes hagan una buena supervisión.