Por: Luis Elquis Diaz
El 14 de marzo del presente año, en el país se esperaba una expresión y manifestación de la riqueza pragmática de la Democracia, sin embargo, contrariamente, resulto bochornosa. Las elecciones para elegir el Congreso de la República tuvieron semejante connotación, no solamente por la práctica inicua consuetudinaria, sino además por el desenlace en la divulgación de los resultados por parte de la Registraduria Nacional del Estado Civil.
Este hecho claramente político refrenda lo acaecido con la actividad política en nuestro país a partir de la década de los 80´s, cuando estuvo no solamente permeada por organizaciones mafiosas gestadas alrededor del narcotráfico, sino además como hilo conductor de una época caracterizada por el recrudecimiento de la violencia. Así mismo, ayudó a profundizar el hueco de la corrupción.
De igual manera, también penetró en organizaciones privadas con el fin de realizar actividades en frentes blindados por su carácter legal, esto es lo que penalmente se conoce como “lavado de activos”. Estos acontecimientos generaron la suma del poder económico y la del poder político. Esta amalgama se constituyó en la bisagra perversa capaz de desequilibrar el estandarte de los principios del Estado.
Para tratar de corregir esta situación se han realizado periódicamente reformas políticas, pese a ello ineficientes y retoricas, pues han sido coyunturales; además inconsecuentes con la realidad de una democracia inmadura y de una sociedad incrédula. Es por ello que la devaluación de las ideas paradójicamente constituye una desproporción entre los recursos permitidos y los utilizados en cada campaña, de manera que participar en política en Colombia resulta oneroso, a pesar de los capítulos que describen nuestra historia y a la existencia de los lazos o entramados en áreas donde se conserva influencia.
Los colombianos necesitamos reformar la actividad política a partir de la evolución que ofrecen los procesos de educación. Este proceso no se concibe en tiempos cortos, en el largo plazo resultará más eficiente que las reformas establecidas en su escenario natural.
La ciudadanía también debe alistarse en ese ritmo, asumiendo un rol basado en la conciencia y en la responsabilidad de sus actuaciones, para desvirtuar el asistencialismo gubernamental, con el objeto de compenetrar el desarrollo y el crecimiento económico en termitos per cápita. Controvertir los lazos de corrupción política, los transversales de las instituciones y naturales de cada individuo es prácticamente dantesco, principalmente si se conjuga con el engendro y villanía de los grupos Narco guerrilleros, paramilitares y de narcotraficantes.
La sociedad colombiana experimenta un ahogo por la contaminación mental y la degradación de los principios y de los valores humanos, por lo tanto debe desprenderse del estigma que significa sometimiento y la creencia que establece que las soluciones las consiguen súper hombres imprescindibles que después terminan aprovechando para la formalización de gobiernos, a través del usufructo de los principios de la democracia desconociendo los cambios que el pueblo idealiza, así sea utópico, pues son innegables las realidades infortunadas que vivimos en Colombia.
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