A los 30 años de la firma de la Constitución Política de 1991 opinamos que sus declaraciones, derechos y deseos son más un punto de llegada que un principio. Por lo que los colombianos la seguimos queriendo pero para que se cumpla. La Constitución, que no es más que un papel, con el membrete de un bautizo formal simbólico de la expresión popular, a través de representantes que la redactan, no podía ser la automática panacea cuando eran los hombres y sus instituciones, los instrumentos de su desarrollo.
El camino, dada la coyuntura actual, con un gran descrédito en la población de las instituciones políticas y estatales, visto con el retrovisor, no ha podido ser más alterado. Es también para recordar que su expedición fue precedida de otra crisis grave como la presente.
Es evidente que los propósitos claves de la Constitución no se han logrado a cabalidad, pues subyacen unas estructuras económicas, sociales, culturales y políticas que la atascan, o le modelan su implementación. Buena parte de los fallos de tutela no se cumplen.
Los historiadores coinciden en que dio a luz por el mayor consenso del pasado siglo -más completo que el del Frente Nacional que dio fin a la violencia partidista- de las fuerzas políticas, sociales, étnicas y regionales diversas, que durante su vigencia no se ha vuelto a dar. Desde entonces no hubo un pacto integral ni de las fuerzas del establecimiento político ni de este con los persistentes alzados en armas. No se logró alrededor del acuerdo con las Farc, y un eventual con el ELN, que hubiera podido ser una oportunidad de consenso y reforma nacional.
De manera que el primer propósito constitucional, el de la paz, no se ha logrado, aunque se hayan dado irreversibles pasos en su encuentro.
En otro, el de la superación de la pobreza y la desigualdad social, el país a pesar años de superación de los índices de la primera, no los ha bajado al ritmo esperado y sí se acentuaron por la imprevisible pandemia. Y ha persistido la desigualdad, y una tributación regresiva, que nos señalan como uno de los países más inequitativos del orbe.
Colombia ha seguido signada por los males del narcotráfico, que condicionó decisiones de la Constituyente como la no extradición, mientras se adelantaba la negociación de sometimiento de Pablo Escobar, y de la corrupción, con sus múltiples caras; uno y otro penetran las instituciones y la sociedad y han contribuido a que, a pesar de la intención de los constituyentes, haya una justicia a medias y selectiva.
En el ámbito económico el Estado aumentó el Gasto Público y la infraestructura, pero la educación y la salud siguen siendo deficitarios. En lo regional, los recursos de la descentralización fueron al final disminuyendo en términos porcentuales de los ingresos de la nación y no se ha podido hacer real la autónoma región, como entidad territorial. La democracia política, la otra gran ilusión del 91, deja mucho qué desear y hoy campean el clientelismo, la contratación y la desbordada financiación privada de las campañas, como en lo que fue el viejo Magdalena Grande, con su alta dosis de corrupción.