Nadie entiende que en un país como el nuestro, donde el Estado Social de Derecho rige los principios, valores y comportamiento social de todos sus habitantes, se haya permitido y esté generada constitucionalmente una absurda brecha que realiza de forma equivocada la segmentación de los colombianos. Todos y cada uno de nosotros tenemos claro que corre en nuestras venas una simbiosis de razas aborígenes, negroides y blancas, con las que ocupamos un solo territorio, estamos cubiertos bajo el mismo cielo, respiramos el mismo aire y tenemos igualdad de derechos y obligaciones.
No se entiende entonces el porqué, una manifestación Constitucional que de forma loable, interesada en proteger y garantizar la supervivencia y rescatar los valores culturales de comunidades en extinción, como una réplica a la protección que realizó el mundo a las comunidades indígenas y poblaciones nativas desamparadas y olvidadas, ha terminado con la mirada complaciente de las altas cortes y tantos órganos competentes, otorgando un salvoconducto de fueros y derechos especiales, olvidando por completo que no se puede romper la hegemonía jurídica en la territorialidad de un país, y que no son éstos un pasaporte a la ilegalidad y al usufructo y reconocimientos especiales para algunos y negados para otros.
No es posible que obras de infraestructura vial o de importantes recursos hídricos, que generan progreso y bienestar a toda la población, terminen obstaculizadas por voluntad de un Cabildo que señala a su antojo, suelos como tierra sagrada o de pagamento; cuando al resto de colombianos, en casos similares, se les expropia por la vía administrativa sin más reconocimientos que la indemnización. No podemos permitir que en algunas comunidades del Cauca se violen niñas, se ultrajen mujeres, ocurran asesinatos, sin más castigo que unos cuantos azotes o unos días en el cepo. La justicia nos discrimina cuando existe un delito en persona protegida, para señalar el asesinato de un indígena, para aplicar la ley con más vehemencia que la muerte en manos terroristas de un campesino, un obrero, un soldado o un policía. Estamos sumidos cada vez más en el imperio de la anarquía, los antivalores y la impunidad; con un Estado tremendamente extorsivo en sus crecientes y enormes cargas tributarias; y que finalmente, nada hace por transformar la justicia, la educación, el campo, la salud, la infraestructura, promover la industria y fortalecer la seguridad.
Inoperantes son nuestros congresistas y mal llamados “Padres de la Patria”, para rectificar el fundamento Constitucional al que hago referencia, que no puede ser otro que una clara y definida protección de nuestras comunidades en sus valores étnicos, religiosos y culturales, con una regulada autoridad en ciertos aspectos territoriales, bajo el total acatamiento de todos y cada uno de los preceptos legales por los que nos debemos regir absolutamente todos.
Por Carlos Fernando Castro Burbano