En la reciente controversia política que sacude a Colombia, el presidente Gustavo Petro ha reiterado su intención de modificar ciertas normas fundamentales del país. Aunque ha aclarado que no convocará a una Asamblea Nacional Constituyente, sus propuestas de cambiar la estructura constitucional vigente han generado preocupaciones legítimas sobre el futuro de la democracia colombiana.
La Constitución de 1991, producto de un amplio consenso nacional y reflejo de las aspiraciones de una vasta mayoría de los votantes de esa época, ha sido un pilar de estabilidad política y social. Este documento ha permitido a Colombia navegar a través de tiempos difíciles, proporcionando un equilibrio que ha sostenido la democracia y el desarrollo del país. Cualquier intento de alterar esta carta magna sin un consenso similar no solo es imprudente, sino que también pone en riesgo la estabilidad que tanto ha costado construir.
Es alarmante que el presidente Petro, bajo la bandera de cumplir con los acuerdos de paz con las extintas FARC, insista en modificar normas clave sin la debida deliberación y consenso. Este enfoque no solo socava el proceso democrático, sino que también abre la puerta a interpretaciones peligrosas y potencialmente inconstitucionales de cómo se debe gobernar Colombia. No podemos permitir que el país sea arrastrado por “vías inconstitucionales” hacia un nuevo texto constitucional influenciado por ideologías extremistas.
La insistencia de Petro en que la movilización social es fundamental para su agenda política es especialmente preocupante. Si bien la participación ciudadana es vital en cualquier democracia, utilizarla como herramienta para presionar cambios constitucionales puede llevar a una polarización aún mayor y a una inestabilidad que el país no puede permitirse. Las calles no deben reemplazar a las instituciones y los procesos establecidos para el cambio democrático.
La advertencia sobre los riesgos de un “neocomunismo” forzado por la agitación callejera no es un simple alarmismo. Es un recordatorio de los peligros inherentes a desmantelar el orden constitucional sin un plan claro y sin el apoyo de todos los sectores de la sociedad. Colombia necesita reformas, sí, pero estas deben surgir del diálogo, el consenso y el respeto por las normas establecidas, no de la imposición de una visión unilateral.
En este contexto, es fundamental que se defienda la Constitución de 1991, no solo por sus méritos, sino como un símbolo de la voluntad del pueblo colombiano de vivir en una democracia equilibrada y justa. Modificar la Constitución es una tarea que requiere prudencia, consenso y, sobre todo, un respeto absoluto por el marco constitucional vigente. Cualquier desviación de estos principios amenaza con desestabilizar el país y poner en peligro los logros democráticos alcanzados hasta ahora.
Para cerrar, las intenciones de Gustavo Petro de alterar la Constitución sin un amplio consenso representan una amenaza seria a la democracia colombiana. La Constitución del 91 debe ser defendida con firmeza para garantizar la estabilidad y el desarrollo continuo de Colombia. La nación no puede permitirse retroceder en sus logros democráticos y debe asegurar que cualquier cambio sea el resultado de un proceso inclusivo y respetuoso de las normas establecidas.
Por Tatiana Barros