El país tiene aproximadamente el 60 por ciento de la tierra sin titular. Igual situación registra el departamento del Cesar, donde los campesinos que aún viven en el campo no tienen la propiedad de su tierra, esperanza que se avivó desde la puesta en marcha de la nueva Agencia Nacional de Tierra, que reemplazará a partir de diciembre al Incode-Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-.
Es la apuesta de la legalización de la tierra y su justa distribución la que abordó el primer punto acordado en La Habana en los diálogos con las Farc.
Un tema sensible para el país que no será fácil resolver, tampoco imposible, y por algo debe comenzar a abordarse.
Es en este sentido que el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, se pronunció para llamar la atención del Gobierno Nacional y la Procuraduría General de la Nación “sobre los potenciales riesgos de pérdida de información por la falta de mecanismos de empalme transparente entre el Incoder -en liquidación- y las Agencias Nacional de Tierras y de Desarrollo Rural”.
El temor por estas inconsistencias obedecen -según el organismo de control- a los hallazgos de los ejercicios auditores periódicos que realiza la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, que han evidenciado dilaciones en la entrega de información, falta de personal disponible para responder de manera oportuna los requerimiento del organismo de control y ausencia de inventarios actualizados que permitan hacer un empalme organizado.
El asunto radica en el riesgo que puede representar esto para hacer un control fiscal eficaz, que al no poder contar con información actualizada ni oportuna, no deja profundizar en el tema de adecuación de tierras, como lo afirmó el Contralor.
Es oportuno que está discusión se de ahora, cuando faltan tres meses para que termine la liquidación del Incoder y no se llegue al 2017 a resolver entuertos de talla mayor.
Por eso hacemos eco textualmente al llamado que hizo la Contraloria a la “Procuraduría General de la Nación y al Gobierno Nacional para poner de manifiesto los riesgos que tiene para el desarrollo agropecuario del país un deficiente empalme y transición entre las entidades”.
De una información actualizada y precisa depende que el nuevo modelo de la Agencia de Tierras sea un éxito y permita hacer las inversiones en las tierras legalizadas. Los campesinos de la Serranía del Perijá esperan deseosos este paso.