Si hoy nos propusiéramos crear una lista detallada de los actos de corrupción en Colombia, esta se convertiría en un registro interminable, evidenciando la persistencia de un fenómeno arraigado no solo en la política, sino en el tejido social. La corrupción se ha normalizado al punto de integrarse en la cultura y el comportamiento colectivo, socavando profundamente los principios de ética y moral ciudadana.
¿Qué está pasando realmente en Colombia? La respuesta parece ser el abandono progresivo de valores tradicionales como la lealtad, el respeto y la integridad, que han sido reemplazados por la codicia y el individualismo. Los líderes sociales y políticos ya no se ven como servidores del bien común, sino como actores en una carrera por satisfacer sus propios intereses.
Cuando se destapa un caso de corrupción, inevitablemente se cuestiona la eficacia de los organismos de control y del sistema judicial. ¿Son realmente capaces de prevenir o castigar estos actos? ¿O son cómplices en su permisividad? Las acciones correctivas suelen ser insuficientes, mientras que el corrupto sigue disfrutando de los frutos de sus actos ilícitos.
Hoy, los titulares de prensa nos revelan escándalo tras escándalo, donde los grandes beneficiados de la corrupción no son, como a menudo se piensa, los más pobres, sino los de estratos altos y medios-altos. Estos sectores han perfeccionado el arte de la manipulación y el desvío de recursos en beneficio propio. En contraste, los sectores más vulnerables son estigmatizados por la criminalidad, aunque muchas veces son víctimas del sistema que les niega oportunidades económicas.
Mientras tanto, el ciudadano común observa estos casos con morbosa fascinación, convirtiendo los procesos judiciales en simples espectáculos mediáticos. La sociedad parece haberse acostumbrado a convivir con la corrupción, criticando superficialmente, pero sin un verdadero interés en cambiar la situación. Esta indiferencia permite que el corrupto ostente su riqueza, sin ningún tipo de sanción social significativa, perpetuando así un ciclo de impunidad.
La corrupción va más allá de simples delitos financieros; es una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales. Al permitir que unos pocos se apropien de los recursos del Estado, se perpetúa la desigualdad y se mina la confianza en las instituciones. El resultado es un país donde la democracia se ve deslegitimada, donde los ciudadanos desconfían de quienes deben representarlos y donde el interés general se sacrifica en favor de intereses privados.
Colombia, en 2024, bajo la presidencia de un mandatario cada vez más despreciado, parece estar en una encrucijada. El creciente desencanto popular no es solo contra la figura del presidente, sino contra todo un sistema político que ha permitido que la corrupción florezca impunemente. La polarización y el desgaste institucional han llevado a que muchos se sientan impotentes frente a la magnitud del problema.
La lucha contra la corrupción no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos. Es necesario que cada ciudadano entienda que su pasividad lo convierte en cómplice. Se requiere un rechazo activo y contundente, y el apoyo a las autoridades que se atreven a sancionar ejemplarmente. Esta batalla debe librarse en todos los frentes: desde la educación y la salud hasta el ámbito empresarial y la espiritualidad. Si no combatimos la corrupción de manera frontal, nos convertiremos en parte de ella.
Alfonso Suárez Arias
@SUAREZALFONSO