Desde que en septiembre de este año, la gerente de Emdupar, Soledad Manjarrez, confirmó que la administración municipal buscaría un aliado estratégico para que dirigiera la operación de la empresa, muchas cosas han pasado, demasiados argumentos han surgido y cientos de discusiones se han registrado.
Era lo esperado. Con esta alianza el sector público por largo tiempo no ejercerá la prestación directa del servicio, aunque hace rato cedió y tercerizó a empresas privadas algunas actividades (aseo, recaudo de la cartera, manejo final de las aguas domésticas residuales). No decimos que “los vallenatos perderán su empresa más querida” porque sería hipocresía, teniendo en cuenta que la cartera alcanza los $85.000 millones. Muchos quieren a Emdupar solo de palabra.
Pues ahora, después de todo ese desgaste, y cuando se habla de la renuncia del jefe de la Oficina Jurídica de Emdupar, Luis Carlos Ramírez, quien defendió el proceso con vehemencia argumental, el alcalde, Mello Castro, citó una rueda de prensa para informar que en enero ya no se conocerá el aliado estratégico. Es decir, se suspende el proceso.
¿Motivos? Muchos. El alcalde nombró algunos: “Hemos decidido seguir recibiendo las observaciones formuladas por los entes de control, ciudadanía e interesados en participar. Como alcalde de Valledupar tengo un gran compromiso y responsabilidad de que muchos más actores hagan parte del proceso”.
Algunos lo vieron como una victoria de la presión social, otros como una actitud democrática. Es claro que además de lo técnico y el futuro del servicio público más esencial, el agua potable, este proceso quedó en medio de las diferencias políticas (se acercan las elecciones), y de demasiados y poderosos intereses.
Quizás esos factores también influyeron en esa decisión. Pero por supuesto es bueno que la Alcaldía hable de que en aras de ser garantes del principio de libre concurrencia ha decidido continuar con el cronograma y mantener la etapa de recibo de observaciones hasta el próximo año.
Importante recordar la grave situación por la que atraviesa Emdupar, no solo por la cartera que se ha tornado incobrable, sino por una deuda casi impagable, si incluimos las contingencias de demandas en contra; que los acreedores no escatiman esfuerzos en iniciar procesos ejecutivos, imponiendo medidas preventivas de embargos, y que la confianza del sector financiero se ha perdido.
Que el dueño, que es el municipio, no tiene capacidad financiera para capitalizar, dada su limitación, pues se encuentra en ejecución de una ‘Ley 550’ de reestructuración económica.
Por último, nos preguntamos: ¿Cómo erradicar de este proceso toda suspicacia? ¿Cómo lograr que todos, incluso los que no están de acuerdo, confíen en la transparencia del contrato? Un reto para la Alcaldía, porque ningún proceso alcanzará el éxito sin la confianza de todos.