Se venía haciendo realidad el refuerzo eléctrico consistente en una nueva línea de alta tensión entre la Subestación Cuestecita y Riohacha y una desde esa capital departamental hasta Maicao, que complementada con la actual red, hace un anillo de seguridad para esas ciudades azotadas por apagones y tensión que dañaban los electrodomésticos de familias pobres.
“En el año 2016, finalmente, el Gobierno nacional adjudicó el contrato para ejecutar este proyecto a la firma Elecnorte. Tal y como lo dispone la normatividad legal, esta procedió a tramitar la licencia ambiental y a adelantar las consultas previas correspondientes. Corpoguajira le otorgó la licencia, la cual conlleva un plan de manejo ambiental (PMA) que incorpora las medidas de mitigación y reparación a que hubiera lugar, las cuales debió asumir la empresa ejecutora de la obra. Por su parte, el Ministerio del Interior debía certificar, como en efecto lo hizo, las comunidades con las que se deberían adelantar las consultas previas, las que se efectuaron satisfactoriamente con las 154 comunidades entre indígenas y afrodescendientes debidamente certificadas el 11 de septiembre de 2018” dice Amilkar Acosta.
Pero desde entonces, a medida que viene avanzando la obra, de manera súbita han aparecido otras comunidades que no las identificó el Ministerio ni la propia empresa interesada en que no se desconociera ninguna para no tener problemas posteriores.
No es la primera vez que sucede para torpedear obras a nivel nacional, pero en el plano regional es más notoria. Recordamos que por una oposición de última hora se cayó la Concesión vial Cesar- Guajira, una iniciativa de la empresa Cóndor.
“No obstante, 32 meses después del acuerdo suscrito por la empresa con las comunidades debidamente certificadas por el Ministerio del Interior con las que se adelantaron las consultas previas y cuando solamente falta el 10% para terminar el tendido de las líneas y así contar con un sistema redundante, que garantice una notoria mejoría en la prestación del servicio, nuevamente y aludiendo los mismos motivos, se presenta una nueva tutela”, continúa Acosta.
Aunque se habían presentado antes varias tutelas que enfrentó el contratista Elecnorte exitosamente, después de pasar el susto en primera instancia, en fallo corregido en la segunda por el Tribunal Superior, un Juzgado penal del Circuito ordenó el pasado 21 de julio suspender las obras, con inmenso perjuicio.
Concluye Acosta que, “el uso y abuso de las consultas previas por parte de impostores que usurpan y se arrogan la representación de las comunidades en su propio beneficio pueden dar al traste con los 14 proyectos ya aprobados y contratados para instalar nueve parques eólicos y cinco granjas solares en territorios de La Guajira y el Cesar, con los cuales Colombia está dando los primeros pasos de su transición energética hacia la generación de energía renovable y limpia (…) Está de por medio, además, una inversión inicial de $10 billones y la generación de 50.000 empleos…” Tomemos nota.