El 18 de octubre de 2002, a las 8:30 de la mañana, dos hombres llegaron a la oficina del Notario de Pailitas, Héctor Miranda Quimbaya, y le dispararon ocho veces.
Quedó sentado en la silla que ocupaba desde hacía cinco años como notario de este municipio del sur del Cesar, donde vivía con su esposa y su pequeño hijo de ocho meses.
Al notario lo asesinaron por negarse a cooperar con los planes de los paramilitares del frente Resistencia Motilona, comandando por Jefferson Enrique López, alias ‘Omega’, quienes pretendían apoderarse de todas las estaciones de gasolina de la Troncal de Oriente, desde Aguachica hasta el Cruce de Chiriguaná, pasando por cinco municipios cesarenses.
Este frente perteneció al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en el Cesar y fue una especie de ‘banco’ para Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, su jefe máximo.
Obtenían dineros de extorsiones a comerciantes y dueños de finca por hectárea y por cabeza de ganado, del robo de gasolina, de retenes, de las cocinas’ que instalaron para el procesamiento de cocaína y de las ‘tajadas’ que recibían de los contratos de los municipios.
La muerte del notario Mirando es el final de una historia que comenzó en el 2001, cuando el poderío de los paramilitares quiso permear al grupo de notarios del Cesar.
Todos fueron citados en San Ángel, Magdalena, a una reunión con alias ‘Jorge 40’, para decirles que debían “alinearse” y colaborar con sus propósitos: despojos de tierra, falsificación de títulos de propiedad y venta forzada de predios, entre otras modalidades.
Álvaro Miranda Quimbaya, hermano del notario de Pailitas, cuenta que “el día de la reunión a la que tuvieron que ir los notarios, porque fueron forzados a ir, mi hermano y el notario de San Diego –población del norte del Cesar- fueron los únicos que tuvieron el valor de pararse y decir que no estaban de acuerdo y que no estaban dispuestos a colaborar con ellos”.
Ahí comenzó su calvario. Caso contrario ocurrió con el notario de San Diego que apenas regresó de la reunión prefirió renunciar al cargo e irse a otro lugar.
Miranda Quimbaya, abogado de padres tolimenses, campesinos que llegaron al Cesar en 1957 y que le enseñaron los valores de la honestidad y la humildad, pensó que le respetarían su decisión de cumplir con la ley y no hacer parte de la gran red de corrupción que cada vez se ensanchaba a los largo del Cesar.
“A él le enviaron emisarios varias veces para decirle que debía tramitar títulos ilegales o hacer traspasos de tierras de manera fraudulenta, pero siempre se negó”, recuerda su hermano.
Una de esas negativas, que rebosó la paciencia de los paramilitares comandados por alias ‘Omega’, fue la del traspaso de la Estación La Gabriela, una gasolinera que quedaba a las afueras de Pailitas, sin que el dueño original lo supiera y falsificando su firma. Miranda Quimbaya rechazó la propuesta en repetidas ocasiones.
La meta de los paramilitares era apoderarse de una cadena de estaciones de gasolina a la orilla de la Troncal de Oriente, vía que comunica a la Costa Caribe con el interior del país, por donde diariamente se movilizaba gran parte del transporte colombiano.
Esto quedó demostrado cuando unos meses antes de la muerte de Héctor Miranda Quimbaya, mataron a Teresa Rojas, la dueña de una estación de gasolina en el corregimiento La Mata, del municipio de La Gloria. Ella no quiso venderle a la persona que enviaron las Auc, que le ofreció poco dinero.
A la señora Rojas la degollaron y sus asesinos, en un momento de confusión, corrieron a un callejón sin salida, lo que fue aprovechado por sus familiares, entre ellos un nieto, y vecinos de su casa que los persiguieron, logrando capturar a uno de los homicidas.
Este fue motivo suficiente para que al nieto de Teresa Rojas meses después lo retuvieran los paramilitares del Resistencia Motilona y durante seis horas lo torturaron, le cortaron media oreja y lo dejaron libre.
Alcalde y notario, en la mitad
Miranda Quimbaya no era el único que se oponía a los planes ilegales de los paramilitares. El alcalde de Pailitas en ese momento, Joel Rincón, también sentó su voz de protesta y no se prestó para los fines delictivos del frente Resistencia Motilona. Por eso los dos funcionarios estaban en la mira de los paramilitares.
A comienzos de noviembre del 2000, el alcalde Rincón recibió llamadas amenazantes y el 9 de ese mismo mes, salió de su despacho a las 5:30 de la tarde junto con un concejal a cumplir una cita a las afueras del pueblo. Allí lo esperaba un grupo de hombres armados que dejaron en libertad al concejal y se llevaron al alcalde.
Al día siguiente apareció muerto en zona rural de La Vega, corregimiento de Chimichagua, a dos horas de distancia de Pailitas. Su muerte fue aceptada por el paramilitar Javier Urango Herrera, alias ‘Chely’, quien luego llegó a ser el tercero en mando de la banda criminal ‘Los Mellizos’.
“Ese día Héctor también se iba a ir con el alcalde Joel, pero se enredó en la oficina y no fue. A ellos los iban a matar juntos, pero las cosas no ocurrieron así y aún con este hecho mi hermano se resistía a irse porque sentía que no estaba haciendo nada malo”, expresa con dolor Armando Miranda.
En el año 2000 los alcaldes del Cesar que se opusieron a las pretensiones de los paramilitares fueron amenazados y tres de ellos asesinados.
El primero fue Julio César Rodríguez Morón, de El Copey, muerto el 29 de mayo; el segundo, Lisímaco Machado Arce, de Becerril, el 5 de junio, y el 9 de noviembre Joel Rincón de Pailitas.
“A Héctor comenzaron a apretarlo y a apretarlo y él a resistirse. Ese fue su único pecado. Ser honesto”, dice su hermano Álvaro. Por eso el 18 de septiembre, cuando su secretaria abrió la oficina y vio a los dos hombres que esperaban en la puerta, él les sonrió y les preguntó en qué podía ayudarlos. La respuesta fueron ocho disparos.
Un camino que no termina
Álvaro Miranda Quimbaya, un hombre septuagenario, quien se ha convertido en el defensor del patrimonio moral y material de su familia, se ha curtido en el tema de derechos humanos.
Lleva consigo permanentemente una carpeta con todos los documentos que demuestran que a su hermano lo mataron los paramilitares en una supuesta alianza con el alcalde de turno.
Muestra la copia emitida por la Fiscalía 34 de Justicia y Paz, a la que le requirió copia de la versión que rindió el desmovilizado Wilson Carreño Poveda, alias ‘Rafa’, segundo de ‘Omega’ en el frente ‘Resistencia Motilona’.
Este desmovilizado confesó que “el homicidio de Héctor Miranda Quimbaya, notario de Pailitas… hasta donde tengo conocimiento de este hecho, me dijo ‘Omega’ que había sido por torcido, uno no preguntaba a fondo por qué fue, porque era un mando superior.
Antes de la muerte del señor Héctor, el comandante ‘Omega’ hizo una reunión con ‘Harold, el señor José Meneses Barrera, que para ese entonces era alcalde de Pailitas, a quien le colaborábamos.
Quien también tenía conocimiento de esto era Heráclito Atencio Yepes, alias ‘Tocayo’, que era miembro de las autodefensas, también participó alias ‘Cantinflas’, de nombre Roberto Antonio Reyes Ortega, a quien ‘Omega le dio la orden de asesinar al notario de Pailitas…”.
Con esta confesión se esclareció la muerte de Héctor Miranda, pero no es suficiente para su hermano Armando porque para él lo más importante es “que se dignifique su nombre por lo que hicieron, que no quede como si hubieran matado a un animal, que la verdad triunfe sobre la mentira y la justicia venza la injusticia, que el Estado le de efectividad a la Ley 1448, a la no repetición, porque el paramilitarismo fue un edificio de tres plantas: en la primera están los sicarios, en la segunda la sociedad civil que los financiaba y determinaba crímenes, y en la tercera la clase política que se beneficia de todo”.
Muerte y despojo de tierra
La familia Miranda Quimbaya no sólo sufrió por el asesinato de su hermano. También es víctima de desplazamiento forzado y de despojo de su finca de 205 hectáreas, situada en San Roque, municipio de Curumaní, centro del Cesar.
Los hermanos mayores de esta familia trabajaron para que los menores pudieran ir a la universidad. Su vocación campesina la desarrollaban en la finca San Isidro, donde en el 2001, cuando mataron a Héctor Miranda Quimbaya, tenían sembradas 10 hectáreas de aguacate, otro tanto en cultivos de pancoger y frutales; el resto de hectáreas lo utilizaban como pastoreo para 300 reses.
Era una finca próspera, que dejó de serlo el mismo día del sepelio del notario de la familia, cuando al celular de la viuda entró una llamada en la que pedían hablar con Álvaro Miranda. Ella en medio del dolor le pasó el teléfono y le dijeron: “Hp ahí está la plana, ¿te vas o te quedas?”.
Álvaro era el administrador de la finca y las ganancias las repartía entre sus ocho hermanos. “Dos vivíamos en la finca, otros en Curumaní y el único que estaba en Pailitas era Héctor.
“A raíz de la amenaza me fui a San Gil, a donde mi hijo, quien me dijo que no me quedara en la finca. Así lo hice y dejamos a una persona encargada y uno de mis hermanos se quedó en el pueblo, pero el domingo de ramos del 2002 mataron al que dejamos y mi hermano por miedo dio en arrendamiento la finca a unos vecinos y se fue también.
Ya en el 2005 cuando vi que la cosa estaba calmada, regresé pero la finca estaba ocupada por otras personas y no pudimos sacarlas”, explica Miranda.
Hoy la finca San Isidro está abandonada, destruyeron la casa, se perdió la cacaotera, la aguacatera, sólo queda el río que pasa por la mitad, y los grandes árboles frutales que crecen silvestres.
La familia Miranda Quimbaya pidió la restitución de su tierra por abandono y desplazamiento forzado, y esperan que la justicia llegue en cualquier momento.
Texto y fotos tomados de www.verdadabierta.com