El Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial del Cesar 2032, principal instrumento departamental para cumplir desde el territorio con los compromisos de París, manifiesta que el Cesar cuenta con importantes ecosistemas estratégicos para el país: 65.300 hectáreas (ha) de bosque seco tropical, 55.700 ha de páramos y 54.400 ha de humedales, los cuales nos generan unos servicios ambientales: la provisión de agua, la captura de carbono, protección del suelo a la erosión, regulación del clima y del agua, polinización, control biológico de plagas, provisión de alimentos y madera, reservas de biodiversidad, etc.
Sin embargo, estos beneficios que proveen los ecosistemas, denominados servicios ecosistémicos, están en riesgo de perderse debido a presiones antrópicas como la erosión del suelo por pérdida de cobertura vegetal, disminución de la cobertura vegetal por ampliación de la frontera agropecuaria, contaminación de fuentes hídricas, sobreexplotación de recursos naturales, tala ilegal de bosques naturales y la caza de animales, entre otros, lo que viene generando grandes focos de deforestación y trasformación de estos territorios, poniendo en peligro inminente la biodiversidad que alberga los ecosistemas y la pérdida de sus servicios ambientales.
Para evitar la degradación y pérdida de estos servicios se han creado instrumentos económicos, uno de ellos es el Pago por Servicio Ambientales, PSA, que a través de acuerdos voluntarios otorga incentivos en dinero o en especie a las comunidades que realicen acciones de conservación en sus predios ubicados en ecosistemas estratégicos, con el fin de desarrollar nuevas alternativas económicas para la generación de ingresos a las comunidades que permitan, con eficacia y celeridad, frenar la transformación ambiental y la pérdida del capital natural.
Si bien es cierto que establecer las condiciones que deben gobernar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales se encuentra bajo la responsabilidad de las autoridades ambientales, me permito, muy respetuosamente, sugerir los resultados de la primera fase de la prueba piloto realizada por la sociedad civil con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación del Cesar y capacitados por el Ministerio del Medio Ambiente, la cual identificó predios en áreas y ecosistemas estratégicos donde los futuros beneficiarios están dispuestos a destinar un sector al mantenimiento del estado natural de la biodiversidad y los ecosistemas mediante la limitación de la intervención humana.
Cabe destacar que para llevar a cabo la identificación de los predios para implementar esquemas de PSA se focalizaron las áreas y ecosistemas estratégicos identificados en el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales, REAA, o en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, RUNAP.
De igual manera, la selección, análisis, visitas de predios y beneficiarios se desarrollaron teniendo en cuenta los lineamientos del Decreto 870 del 25 de mayo del 2017 y Decreto 1007 del 14 de junio de 2018, arrojando como resultado más de 80 predios y alrededor de 3.000 hectáreas en 8 municipios del departamento, cuyo único propósito es aportar a la preservación de los ecosistemas estratégicos del departamento.
Por último, y considerando la problemática ambiental en el departamento, invito a los entes territoriales y sector privado a la implementación del PSA, ya que es un instrumento ambiental que apunta a la conservación y protección ambiental, dando resultados en términos de reducción de la deforestación, la conservación de bosques y alternativas de ingresos para la población, además, llega como anillo al dedo en estos momentos de pandemia.