Nada más distante de la realidad ecológica y actividad amigable con el medio ambiente que la sede bioclimática de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, convertida en un colador porque se llueve más adentro que afuera, obra ejecutada en 10 años, aunque el plazo estipulado fue de 16 meses, con una inversión cercana a los $19 mil millones, lo que a la postre riñe con políticas encaminadas a mitigar el calentamiento global que derrite páramos y glaciares.
La arquitectura bioclimática está diseñada para aprovechar los recursos naturales (sol, lluvia, vegetación, vientos, etc.), con miras a disminuir impactos ambientales y de salubridad, y de paso mejorar el confort térmico de la edificación, condiciones que no reúne la sede bioclimática de Valledupar.
La demasiada demora para llevar a cabo el accidentado proyecto (más de 8 años de retraso), dio lugar a un detrimento patrimonial superior a los $2 mil 222 millones, elevado a hallazgo fiscal por la Contraloría General de la República, según proceso número 21-04-1152, remitido a Bogotá por el alto impacto.
Es un remedo de sede bioclimática, un entramado, en comparación con la del Amazonas en Leticia, construida sin materiales tóxicos, climatizada por corrientes que soplan en dirección a los vientos, radiación con paneles solares, buena acústica y exuberante vegetación.
El millonario hallazgo fiscal compromete la gestión del exdirector de Corpocesar, Kaléb Villalobos Brochel, a poco de la elección de nuevo director de la Corporación Autónoma que se surtirá este 24 de octubre para un período de 4 años, entre 38 aspirantes, incluido el actual director, Julio Suárez Luna, que impulsa Villalobos Brochel, hoy candidato a la Gobernación del Cesar.
La responsabilidad de la elección recaerá en el Consejo Directivo que integran el presidente de la República, ministro de Ambiente, gobernador del Cesar, o sus delegados, los alcaldes de Pueblo Bello, El Paso, Chimichagua y Aguachica, 2 representantes por las Ong, 2 por los gremios, uno por las negritudes y otro por los indígenas, para un total de 13 miembros o consejeros.
Tiene cómo lucirse la Procuraduría que debe ser garante de los principios que rigen la administración pública, de transparencia, publicidad, economía, en fin, combatir la corrupción, vigilar la conducta de los servidores del estado y velar por el ejercicio de las funciones administrativas, con tal de que prevalezca la meritocracia sobre presiones económicas y halagos burocráticos, en especial alrededor de los mandatarios que culminan su gestión.