Hoy se conmemora el día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado, por lo que EL PILÓN presenta las apreciaciones de diferentes líderes sociales sobre los caminos que durante ocho años, hoy cumplidos, han recorrido con la Ley 1448, decretada por el Gobierno Nacional.
Algunos voceros de los grupos sociales cobijados por esta ley han manifestado no haber sido lo suficientemente recompensados por las entidades encargadas de atenderlos. Miguel Antonio Serna, líder de la Asociación de Campesinos Desplazados de El Toco (Asocomparta), quien ha trabajado con las comunidades que hacen parte de la Asamblea de Campesinos del Cesar, sostiene que el cumplimiento de la Ley 1448 “no ha sido muy bueno”.
Indica Miguel que al asignarles abogados para su defensa estos mismos aún no han cumplido con su labor. “Es algo muy político; los mismo del pasado son los que mandan en el presente, entonces las víctimas no tenemos por donde salir adelante ni tenemos quien nos defienda”, indicando que han tenido que estar frente a frente con quienes una vez les hicieron daño, pero sin encontrar una justicia completa.
Aunque ha seguido con lupa todas las etapas y avances de esta norma no precisa por qué no funciona, pero pide que se indague en la Unidad de Restitución de Tierras, una de las entidades más importantes que creó la ley para hacer valer los derechos de las víctimas.
Comentó que hoy, 9 de abril día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado, estas alzarán su voz de protesta ante el país.
A la fecha son 80 familias caracterizadas en El Toco, pero precisa que su organización es a nivel departamental. En la Asamblea Campesina hay 15 comunidades y en cada una hay un promedio de 30 a 60 familias, siendo ‘El Toco’ la que agrupa la mayor cantidad.
“Los más veteranos han muerto con esa esperanza de tener el logro de la tierra y de pronto el de sus derechos”, dice sobre quienes como él reclaman por el cumplimiento de la Ley 1448. Agrega que la idea es no repetir estas historias que comenzaron en esa zona del Cesar desde 1996 hasta el año 2000 por parte de paramilitares, que en su contra cometieron matanzas con secuelas que hay no han sido superadas.
Considera que aunque generalmente se habla de una reparación colectiva asume fuerza una reparación individual, que refleja cómo se ha ido asumiendo y aceptando este proceso; un acompañamiento psicológico hace parte de las etapas, pero no ha llegado a todos los necesitados.
Su mensaje es a todas las entidades que vena por los derechos humanos y los jueces para que ayuden a reactivar esta ley. “Somos una Colombia atropellada, llena de muchas cosas y queremos que se nos respete”. Al gobierno le dejó claro la importancia de que “lleguen nuevamente a las víctimas y territorios y que reconsidere los procesos que han sido violados”.
Los indígenas
Para los pueblos indígenas rige el decreto de Ley 4633, derivada de la 1448. Es así como el gobernador del pueblo Kankuamo, Jaime Enrique Arias Arias, señala como una verdad el incumplimiento hasta ahora presentado. Comentó que han sido pocos los beneficios logrados después de las innumerables promesas por el Gobierno Nacional. “Del dicho al hecho hay un largo trecho”, cita este adagio popular Arias para explicar la situación de su etnia.
Hace seis años el pueblo Kankuamo fue reconocido como sujeto de reparación colectiva y hace más de un año instalaron el proceso de consulta previa, donde se formulan planes colectivos de reparación, el cual no ha sido iniciado.
“No han habido los recursos para garantizar la consulta previa”, acotó el gobernador Kankuamo haciendo énfasis a las respuestas de las administraciones. Aunque la Unidad de Víctimas ha manifestado su posición de apoyar las reuniones y conseguir respaldo de los entes territoriales, no se ha asumido compromiso y de ese modo no se ha conseguido una respuesta concreta.
Además puntualiza el líder indígena que hace más de dos años iniciaron el proceso para comenzar la caracterización de su comunidad, uno de los pasos para el camino de la reparación, pero tampoco han obtenido respuesta favorable por parte de la Unidad de Tierras. “Han sido poco los avances y derechos de lo que planteó esa ley”, agregó.
La comunidad Kankuama ha reconocido, según información del último censo, a 22.500 miembros del pueblo, los cuales se encuentran en su mayoría en los 25 asentamientos del resguardo indígena, entre los que se destacan Chemesquemena, Guatapurí, Atánquez, Las Flores, El Mojao, La Mina, entre otros. “Hay que decir que en el tema de reparación hay dos componentes importantes; el primero es la reparación individual con enfoque colectivo y la reparación colectiva como tal”, precisa.
En tema de tierras han solicitado ampliar el resguardo, lo que amerita unas 60 mil hectáreas aproximadamente, teniendo en cuenta que el ya constituido posee 25 mil hectáreas de los cuales el 90% son terrenos no actos para producción. Alberga bosques, con variada biodiversidad y fuentes hídricas.
“Nosotros estamos cuidando el aire, el agua, el suelo para beneficio no sólo nuestro sino de toda la población, entre ellos el norte del Cesar y en especial el municipio de Valledupar” dice Arias.
Los afro
Argemiro Quiroz Churio, presidente del consejo comunitario ‘Los Cardonales’ del corregimiento de Guacoche y representante del pueblo Afro de Valledupar Víctimas del Conflicto Armado ante la Mesa Nacional de Víctimas, se cobija bajo la Ley 4635 de diciembre 9 del 2011, derivada del mismo modo de la Ley 1448 para la reparación colectiva o individuales de los grupos étnicos.
Indica que, ante los acuerdos firmados, algunos han sido cumplidos otros no. De 1.800 habitantes focalizados individualmente ha declarado el 75%; el 25% restantes no ha accedido a este mecanismo de reparación por miedo y otros que se acercaron “después del 10 de junio del 2015 y como tal la Unidad de Víctimas no los incluye porque declararon, según ellos, después del tiempo”.
Agrega que ante las solicitudes de tierras hechas desde ‘Los Cardonales’ en Guacoche se debe realizar un proceso de titulación colectiva, sin necesidad del proceso de restitución, pero la Agencia Nacional de Tierra no lo ha hecho.
En hectáreas han solicitado inicialmente 1.342, y al no concretarse ninguna respuesta decidieron después exigir 193, pero al ver la falta de atención han decido que sólo se les titulen la zona donde están habitando en este momento, pero las tierras ancestrales son sabanas comunales y no se pueden titular.
“Que haya cumplimiento de los acuerdos que firmaron, que se nos entregue el título colectivo como tal y además de eso la recuperación del río Cesar, de nuestras sabanas comunales, que son puntos que aún no se han implementado y estos acuerdos son de cumplimiento por parte de todas las administraciones, llámese local, regional o nacional”, afirma Quiroz.
Además recuerda que el 6 de abril de 1997, un grupo de paramilitares asesinó en el parque principal del corregimiento de Guacoche, municipio de Valledupar, a su padre Argemiro Quiroz Márquez y a Ómar Castilla Rondón.
Este hecho fue uno de los crímenes más dolorosos que tuvo que soportar esta población por cuenta de los paramilitares. La presencia de este grupo armado ilegal deterioró la confianza de sus habitantes, rompió sus lazos sociales, obstaculizó el desarrollo de actividades productivas y les impidió expresar su cultura y sus tradiciones.
Sin embargo, desde el 2012 el corregimiento de Guacoche ha trabajado en la implementación de la reparación colectiva luego de sufrir el flagelo de la violencia por grupos paramilitares. Dos mil personas han trabajado en este proceso mediante rehabilitación psicosocial y reparación de vínculos sociales, fortalecimiento de zonas productivas y renacer sus costumbres.
Un ejemplo evidencia y socializados por las funcionarias es la caracterización de 50 mujeres que trabajan elaborando tinajas y, cuando su territorio fue violentado este número se redujo a 2; con a través de los talleres realizados en el marco de estas reparaciones 30 de ellas han vuelto al trabajo del arte ancestral.
Precisamente, el presidente Juan Manuel Santos Calderón visitará ese pueblo del departamento del Cesar en el marco de las conmemoraciones del día de la víctimas’. Mediante jornadas alusivas a la memoria y solidaridad con los heridos se honrará a quienes han sufrido de este flagelo, buscando rescatar en ellos la fortaleza, coraje, capacidad y don de reconciliación.
Entre muchas zonas que agrupan el departamento fue justo el corregimiento de Guacoche territorio que por 10 años sufrió violencias por parte de paramilitares para la llegada del mandatario de Colombia y así mostrar el ejemplo en que se ha convertido esta zona durante las etapas del posconflicto colombiano.
La visita será este miércoles 11 de abril y se espera que víctimas locales y del resto del departamento asistan.
Las mujeres
María Sofía Martínez popularmente conocida como “La Maye”, integrante de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), es la representante en el Cesar. Esa organización mediante el proyecto ‘Detrás de la huella’ realiza seguimientos a las mujeres víctimas del conflicto y quienes quedaron a la deriva por diferentes zonas de este departamento, para vincularlas al proceso de reparación.
Muchas de ellas murieron o fueron aisladas, otras no han podido sanar la tristeza originada durante la guerra en la que perdieron a sus seres más queridos.
Martínez es clara en afirmar que “en este momento el Gobierno no ha cumplido para nosotros poderle ayudar a esas mujeres que de verdad necesitan y fueron de verdad víctimas y que todavía les duele”. Su objetivo es llegar hasta donde las autoridades nacionales no lo han hecho y darle la mano a este género, mayoritario en las estadísticas de víctima. “Es que todavía a muchas mujeres ni psicológicamente les han llegado”, sostiene.
Con sus labor ha podido llegar a municipios como Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Pueblo Bello, donde observan “hay gente que se ha beneficiado de los recursos que manda el gobierno para las víctimas y a quien de verdad lo necesita no se le ha dado la importancia”.
Comenta ‘La Maye’ que los entes gubernamentales deben considerar ayudar a los líderes que han sido un canal importante para sanar este duro golpe de la guerra y que las víctimas puedan tener algo o alguien en quien confiar.
A la fecha existen 300 mujeres caracterizadas, pero la meta es llegar a 500 de ellas; que hagan parte de ANMUCIC y ayuden a fortalecer el agro, artesanía y esta a su vez ayuden a sus familias.
“Todavía hemos encontrado casos de mujeres a quienes les han desaparecido sus hijos y que todavía no ha habido quien les ayude para que puedan hacer esa declaración y tengan la ayuda del Gobierno”, advierte.
Las entidades públicas
Ricardo Sabogal Urrego, director Nacional de Restitución de Tierras, señala que para la entidad el 9 de abril, junto a la Ley 1448, es un tema importante porque conmemora el día de las víctimas. “Y es una oportunidad donde le decimos al país en qué va la restitución de tierra”.
A nivel nacional han recibido 110 mil reclamos de los cuales el 80% se encuentran en estudios por parte de los jueces y unidad; han ordenado hasta el momento 300 mil hectáreas de tierra y para este año aspiran lograr el medio millón devueltas a los campesinos a lo largo y ancho del país.
En el departamento del Cesar, puntualmente se han entregado 17 mil hectáreas y 25 mil se encuentran en los
despachos. Manifiesta el funcionario que ha sido un trabajo rigor, mística y “hoy está recogiendo frutos” comenta. El Cesar cuenta con aproximadamente 5.600 solicitudes de tierras de las cuales 4.500 ya se encuentran bajo análisis y las más de 1.000 restantes en estado pendiente.
Restitución de Tierra también indica que han llegado a presentarse 46 demandas étnicas a nivel nacional y en el Cesar hay un aproximado de 3 o 4 que han sido notificadas, provienen de la comunidad indígena Yukpa.
Por su parte, Yolanda Pinto Afanador, directora general de la Unidad de Víctimas, y Juana Ramírez, directora territorial en el Cesar y La Guajira, los actos conmemorativos del día de las víctimas se adelantarán con actividades de memoria y empoderamiento, que han sido socializadas directamente con las víctimas.
Datos generales…
En el registro están 8 millones 600 víctimas del conflicto lo que en materia de porcentaje ocupa el 17% de la población del país. Están identificadas el 80% de ellas como víctimas de desplazamiento forzado, el 10% de víctimas fatales (muertes) y 4% víctimas de amenazas. El 50% son hombres de los cuales el 28% son niños, niñas y adolescentes, el otro 50% pertenece al género femenino mujeres y un 12% minoría étnica.
Para el 2017 se disminuyó el número de víctimas a comparación de los anteriores 25 años; aproximadamente 135 adolescentes y jóvenes salieron de las filas de las Farc, los cuales hoy día reciben protección del Estado. En materia de reparación colectiva el 60% son étnicos, 127 adscritos al plan colectivo y 191 han sido cobijados por acompañamiento psicosocial, para un total de 640 personas registradas.
4.3 billones de pesos en asistencia humanitaria a víctimas en el 2012, con una disminución del 87% en el recurso anual para atender a emergencia humanitaria, un valor menor a comparación del año 2017.
Actualmente, unas 460 mil víctimas de desplazamiento han superado su condición de vulnerabilidad y se encuentran estables socioeconómicamente e integradas localmente y 800 mil víctimas han sido reparadas administrativamente y 700 mil han hecho acompañamiento a diferentes estrategias para subsanar su estado emocional mediante la rehabilitación psicosocial.