«Mañana primero de abril cumple diez años y medio de vigencia la Ley 100 de 1993, mediante la cual se rige el sistema de salud nacional, cuyo cumplimiento ha sido vergonzoso por las calamidades que enfrenta la población beneficiaria, especialmente la más pobre que a la vez es la más indefensa.
Entre los perjuicios derivados de dicha ley, tenemos el aumento de la corrupción, la ruina de la red hospitalaria con cierre de importantes hospitales y clínicas, lo que implica incremento del desempleo, además también conlleva a la muerte de la gente por la negligencia en la atención de los problemas de salud.
Me atrevo a testificar que, en medio de tantas desgracias, el ejercicio de la profesión médica, ha sido una de las más damnificadas, porque la mencionada ley ha desvirtuado el profesionalismo médico, debido a que le restringe la actualización del conocimiento, fomenta el diagnóstico de las enfermedades con tecnología obsoleta, algo similar acontece en el tratamiento y rehabilitación de los pacientes, reprime la autonomía de los médicos, a quienes les deforma el humanitarismo y la voluntad de servicio social.
Lo más grave es que ha menoscabado la relación médico-paciente, la esencia fundamental del acto médico; en consecuencia, los médicos y demás profesionales de la salud que se formaron y ejercieron sus profesiones antes de la aludida ley, no podrán sentirse conformes en sus respectivas labores.
Desde hace varios años, con argumentos y con protestas se viene pidiendo la reforma de la Ley 100, con el propósito de detener su desastre humanitario. Y aunque tal situación está llegando a extremos de impredecibles consecuencias, no se avizora disposición política coherente con el clamor nacional, y si bien es cierto que en el Congreso de la República se encuentran radicados más de media docena de proyectos de ley con la intención de reformarla, el de iniciativa gubernamental sólo propone cambio del Régimen Subsidiado que, entre otras cosas, disminuye y dificulta aún más su flujo financiero, lo que compromete en mayor cuantía las finanzas de las regiones, de por si deficientes para solventar todas sus necesidades.
Aunque en materia de salud las necesidades superan los recursos, lo inaceptable es que el escaso presupuesto sea defraudado y despilfarrado como ocurre con la intermediación de las EPS, de donde desvían el dinero de la salud, hasta para financiación de campañas políticas, entretanto a los profesionales y trabajadores de la salud se les rebaja los honorarios y salarios que les pagan con retrasos de muchos meses, lo que pone en aprietos el cumplimiento de sus compromisos diarios, incluso el del sustento familiar.
Si no se regula y adecua el sistema tarifario y si se sigue permitiendo la voraz integración vertical de las EPS, sus monopolios seguirán creciendo. Y las IPS continuarán en crisis, pues económicamente dependen de las EPS, ARP y medicina prepagada que hacen parte de oligomonopolios ya dominantes. Por todas estas situaciones y otras perversiones, es que el pueblo reclama y le urge la reforma de la tan cuestionada ley. El debate continúa.»
Esta columna fue publicada hace 15 años. Por conservar total validez, hoy la transcribo teniendo en cuenta que la ley 1751 de 2015 (Estatutaria de Salud), sancionada por el expresidente JM Santos, poco o nada ha mejorado los servicios de salud, tampoco los solucionará la fatua ley de Punto Final, formalizada en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque. Triste realidad.