Por: Germán Vargas Lleras.
La semana pasada fui invitado por el Gobierno a participar en una nueva comisión que se propone estudiar y poner a consideración del Congreso proyectos de reforma constitucional y legal para el sector justicia. Un nuevo intento al que creo vale la pena apostar y al que me propongo contribuir desde mi experiencia, pues considero que nunca será tarde para esta reflexión y para promover una reforma profunda de un sector que es pilar de nuestra convivencia y de nuestra democracia.
Mi aceptación en nada puede confundirse con apoyo a este gobierno, sobre el cual la opinión pública sabe que me encuentro en total desacuerdo, y en especial con las inconvenientes reformas que ha presentado en materias como la salud, la educación, las pensiones y el empleo y que por fortuna no se convirtieron en leyes y ojalá nunca lo consigan.
Mi compromiso se circunscribe, entonces, a estudiar la que será una reforma judicial. Es una temática que me apasiona desde que, como senador, fui miembro de la Comisión Primera Constitucional, que es la responsable del sector, y más aún cuando como ministro de Interior y Justicia fui autor de la malograda reforma del 2011. Desde entonces, año tras año, hemos presentado al Congreso proyectos que recogen nuestras convicciones y nuestro sentido de urgencia sobre las mismas. Esas propuestas son las que espero presentar a la Comisión con la esperanza de que sean acogidas y puedan llegar al Congreso con un consenso suficiente para asegurar su aprobación.
El ministro Osuna me hizo llegar una matriz de temas para tratar. Entre ellos se encuentra la propuesta de avanzar hacia un sistema penal acusatorio pleno, también una de justicia restaurativa y otra de profundización en materia de protección y garantía de los derechos humanos. En otras áreas se propone el fortalecimiento de los equipos técnicos de investigación, nuevas y más eficaces medidas para luchar contra la corrupción, otras para garantizar el acceso a la justicia, la resocialización de los condenados y también la investigación y juzgamiento de los aforados.
Considero muy útil complementar esta agenda inicial con otro conjunto de medidas tendientes a procurar un mayor acceso a la justicia y, sobre todo, una reforma que nos permita superar la descongestión imperante en toda la Rama Judicial. Como ejemplo de lo anterior, hemos propuesto fortalecer la conciliación extrajudicial, la justicia arbitral, contar con términos procesales más ágiles, limitar los recursos contra autos y sentencias y asignar funciones jurisdiccionales de manera transitoria a abogados en ejercicio y a notarios en asuntos no litigiosos.
En materia de seguridad jurídica propondré adoptar el precedente judicial como de forzoso acatamiento y la regulación de la tutela, estableciendo términos para interponerla, limitando su procedencia contra autos y sentencias e imponiendo la obligación de tramitarla ante la misma jurisdicción. Tenemos que fortalecer la tutela, pero al mismo tiempo evitar su uso abusivo.
Esta Comisión debería ocuparse, igualmente, del tema de la inseguridad ciudadana, que no se resolverá sino atacando la impunidad con nuevos criterios para el tratamiento de la reincidencia y la peligrosidad a la hora de decidir sobre la privación de la libertad. Y por qué no proponer que la Comisión también se ocupe de la necesaria reforma al régimen penitenciario y de las consultas previas, que hoy paralizan los proyectos de infraestructura.
Debo reconocer que soy moderadamente optimista frente a los trabajos de esta Comisión y sobre todo frente a la aprobación de las reformas por ella propuesta. Pero, sin duda, es un mejor camino que el de la imposición y la mermelada hasta ahora usado para impulsar las llamadas reformas sociales.