No es otra inocentada. Muy pocos chiriguaneros han advertido que desde hace un mes se adelanta el velatorio de un muerto, ya en estado de descomposición. El cortejo fúnebre inició su marcha el 20 de enero de 2010, cuando se firmó su ingreso a UCI en una agonía que hacía presagiar la muerte. Los dolientes no aparecen por ningún lado, no aterrizan, tienen años de estar volando en un mundo fantasioso, mientras el olor nauseabundo del muerto invade todos los rincones.
El difunto tiene un valor considerable, la tasación inicial alcanzó la suma de $17.941 millones y hoy llega a los $21.285 millones. Ello confirma el refrán popular que más vale muerto que vivo.
Esa es la herencia que nos dejaron varios actores entre funcionarios, contratistas, aseguradoras, y hasta el mismo ente encargado de vigilar la correcta inversión de los dineros públicos, o sea, la Contraloría General de la República (CGR), quien metió mano oscura en el negocio.
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Una investigación se adelantó por todas las irregularidades que surgieron del contrato de obra No. 002 del 20 de enero de 2010, cuyo objeto contractual consistía en la construcción y adecuación de ambientes escolares en 19 instituciones educativas del municipio, hoy en lamentable estado. Según la CGR, el plazo de ejecución de 13 meses se prorrogó a 32 y se liquidó sin que las obras las hubiesen concluido y otras ni siquiera iniciadas. Por este mismo contrato la justicia ordinaria condenó a un exalcalde.
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El ente fiscalizador emitió un auto el pasado 20 de noviembre, en el cual declara la nulidad parcial (nuevamente) de la actuación que se había surtido hasta ese momento para garantizar el debido proceso y con ello mataba al paciente. En efecto, ya no hay remedio. Unos días después, el 30 de noviembre del año en curso, vencía el término legal de cinco años, para que la CGR expidiera una decisión de primera instancia, en el juicio de responsabilidad fiscal que inició con una auditoría y su respectivo hallazgo, el 30 de julio de 2019. Así la acción fiscal prescribió, y con ella toda posibilidad de sanción a los responsables.
Aquí no termina el asunto, pues leyendo entre líneas el auto del 18 de octubre de 2024, mediante el cual la CGR declara sin responsabilidad fiscal a otro exalcalde de los tres investigados, ordena compulsar copia a la Fiscalía General de la Nación contra tres de sus funcionarios por la pérdida de documentos dentro del expediente.
Esta decisión despierta mucha curiosidad y obliga a conjeturar sobre cuál fue la clase de “manejo” que se le dio a la investigación y cómo pudo incidir en la prescripción que la misma CGR reconoció en el auto de noviembre de 2024 cuando afirmó: “No puede pasar por alto la sala referirse a la prescripción del presente proceso de responsabilidad fiscal, en tanto, la misma se configurará el día 30 de noviembre de 2024, es decir, no existe posibilidad alguna para el ente de control de sanear lo ordenado y proferir fallo de responsabilidad fiscal”.
Los niños y adolescentes de este municipio seguirán asistiendo en condiciones indignas a recibir sus clases, mientras la atención la tienen centrada en la elección atípica donde no se habla de esto. Como dicen por la calle: esa platica se perdió.
Por Pedro Miguel Peinado