No hay una persona que haya estudiado más su territorio, que lo haya vivido, desde la infancia, la academia, la política, la investigación, la región Caribe, el alto Gobierno como lo ha hecho el economista, exministro y escritor Amylkar Acosta, con su natal departamento, La Guajira.
Ha seguido desde sus primeros escritos hace ya 40 años la evolución minera y el despertar de las nuevas energías renovables. Columnista de EL PILÓN y otros medios, responde preguntas de cara a la convocatoria que hacemos para analizar la evolución de La Guajira y sus perspectivas.
Con todo lo visto, lo evolucionado, lo sopesado, del transcurrir de La Guajira, ¿qué piensa del futuro del departamento y de su gente?
Lo más triste es constatar que La Guajira en la última década lejos de evolucionar ha involucionado, como el cangrejo anda pero hacia atrás. De ello se sigue que el futuro del departamento es incierto, porque anda al garete, sin rumbo fijo. La Guajira sigue siendo un departamento rico habitado por gente pobre y la perspectiva para su gente es sombría. Su rezago, tanto económico como social, se refleja fielmente en el Índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), el más alto del país (65.23 %) después del Chocó, triplicando el promedio nacional (27.70 %). La pobreza y la desigualdad con respecto a la región Caribe (47 %) y con respecto al promedio nacional (26.9 %) es aberrante, La Guajira está peor que el África Subsahariana (43 %).
¿Qué preocupación le genera que en 15 años finalice el contrato del Cerrejón o que aún extendido no irá por mucho tiempo más?
Es una realidad incontrastable que, después de la firma del Acuerdo de Paris (COP21) y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, las energías de orígen fósil, entre las que se cuenta el carbón, no tienen futuro, dado que la Transición energética que vive el mundo es irreversible hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). De modo que es inexorable el fin de la explotación de carbón y la tendencia al cierre de las minas de carbón es inminente. Desafortunadamente ni La Guajira ni el país se han preparado para este nuevo escenario: se ha hecho muy poco por diversificar la economía. Si no nos pellizcamos, el fin del contrato del Cerrejón se habrá de convertir en una bomba social a punto de estallar, con todas sus consecuencias.
Creo que todavía estamos a tiempo para recuperar el tiempo perdido, estimulando el sector agrícola, particularmente en el sur del Departamento, ejecutando con premura la segunda fase del proyecto multipropósito de El Ranchería. Además, La Guajira es un portento y posee un enorme potencial inexplotado para el turismo receptivo. Me atrevo a decir que La Guajira es un diamante en bruto en materia turística, especialmente en el turismo étnico, de deporte extremo y avistamiento de aves.
La iniciativa Casa grande identificó la necesidad de US $2.150 millones de aquí al 2030 para superar la brecha social en La Guajira; en el papel – del SGP y del SGR – los habrá. Por lo que se ha evaluado de un gasto similar de regalías en las últimas dos décadas, que dejó mucho qué desear, ¿cree usted que esta vez sí se logrará la meta?
Lo primero que tengo que decir es que el abandono de La Guajira por parte del Gobierno nacional es proverbial, pues como lo delató nuestro Nobel Gabriel García Márquez, “del interior del país, que se cocina a fuego lento en su propia sopa, llegaba apenas el óxido del poder: las leyes, los impuestos, los soldados, las malas noticias, incubadas a más de mil quinientos metros de altura”. Por ello, no es de extrañar que, como lo sostiene el pensador Adolfo Meisel en su estudio sobre “La Guajira y el mito de las regalías redentoras”, la magnitud del rezago de La Guajira, antes de la era de la minería, “era tan grande, que aún si las regalías se hubieran invertido en forma eficiente y con cero corrupción, estas no eran suficientemente grandes como para cerrar esa brecha”.
Desde luego, el desgreño administrativo, la ineficiencia y falta de pertinencia en la inversión de los recursos provenientes del SGP y del SGR y la corrupción (La Guajira ocupa el penúltimo lugar en el estudio de Transparencia departamental de la Universidad del Rosario) han contribuido al agravamiento de la situación del Departamento. Y bien dijo Einstein que “locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados”. Y este es el caso. No se avizoran cambios que inviten al optimismo y no es que yo no sea optimista, sólo que un pesimista suele ser un optimista mejor informado.
Como ha sido impulsor de la constitución de la región Caribe y es tan cercano al Cesar, ¿qué se debe hacer para superar ese atraso regional?
Partamos de la base que así como existen unas brechas interregionales, también existen otras brechas intraregionales. Así como la región Caribe, junto con la región Pacífica están rezagadas con respecto al centro del país, departamentos como La guajira y Sucre están muy, pero muy rezagados con respecto al promedio regional. De allí la importancia de promover los planes de desarrollo regionales con enfoque territorial, para ir cerrando ambas brechas y en ello están llamadas a jugar un papel de la mayor importancia las regiones administrativas y de planificación (RAP) en ciernes, en procura de nivelar la cancha. ¡Juntos seremos más y más fuertes!
Se han identificado problemas institucionales, de gobierno, administración y ejercicio de la política como un elemento que dificulta la buena ejecución de recursos. La inestabilidad de la gobernación en los últimos años ha sorprendido al país, en medio de una crisis social más profunda y más visible. ¿Qué hacer para superar tamaño inconveniente?
La Guajira es, hoy por hoy, un departamento fallido y de contera inviable fiscalmente y en ello ha influido de manera determinante la pérdida de gobernabilidad. La Guajira exhibe el título, nada honroso, de ser el departamento del país con la mayor inestabilidad de sus gobernantes, habida cuenta que en los últimos 8 años, durante los últimos dos períodos que son de cuatro años, han pasado por el Palacio de la Marina 11 gobernadores. ¡No hay derecho!
Así no puede haber continuidad, coherencia ni visión de futuro, pues cada gobernador que llega es sólo un ave de paso, con el agravante que la sucesión sucesiva de gobernadores encargados conllevan cambios burocráticos, cambios de prioridades y ello redunda en la pérdida de confianza y de capacidad de interlocución con el Gobierno nacional.
Hemos llegado al punto que el Gobierno nacional se ha hecho el de la oreja mocha frente a las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la Resolución 60 del 11 de diciembre de 2015 y la declaratoria por parte de la Corte Constitucional del Estado de cosas inconstitucional en La Guajira, debido a la tragedia humanitaria que afronta la comunidad wayuu, traducida en la desnutrición y el hambre de los niños, que se desgajan del árbol de la vida como si fueran racimos podridos acabados de nacer. Y todo pasa sin que pase nada, como decía el poeta León de Greiff.
¿Qué hacer? Lo primero sería un acto de contrición y un propósito de enmienda de parte de la clave política de nuestro departamento. Se impone un relevo generacional y la recuperación de los valores perdidos. No me cabe duda que La Guajira tiene con qué y con quien superar su crisis. ¡Digamos con el Quijote que “ni el bien ni el mal son duraderos y siendo que el mal ha durado tanto, el bien debe de estar cerca”!
REDACCIÓN / EL PILÓN