Uno de los principales logros del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, sin lugar a dudas, ha sido su éxito en la lucha contra la subversión, en desarrollo de la denominada política de seguridad democrática. Y así lo reconocen los colombianos, cuya aprobación aún al ocaso de su gobierno sobrepasa el setenta por ciento, algo inédito en la historia del país.
Y en desarrollo de esa lucha contra la subversión, en particular contra las FARC, que el primer mandatario convirtió en objetivo prioritario, el hecho más destacado y que marca un cambio fundamental en la misma, fue la muerte del señor Edgar Devia, alias Raúl Reyes, en marzo de 2008.
Conocida la muerte de este sujeto, los colombianos pudieron ratificar su esperanza en la posibilidad de ganar esa lucha contra la mencionada organización terrorista y narcotraficante, y en efecto una cosa era la evolución de esa lucha con la presencia de Reyes, como Secretario General de las FARC, y otra muy distinta en su ausencia, como lo han demostrado los hechos posteriores.
Hoy es bueno recordar que el señor Raúl Reyes, quien en el momento se encontraba en plena selva en un campamento guerrillero, adiestrando gente y organizando sus fechorías, ha sido de los pocos jefes de las autodenominadas FARC que ha muerto en su ley; la gran mayoría, por el contrario, han muerto de viejos y como se dice popularmente en paz, recordemos los casos de Jacobo Arenas y del mismísimo alias Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo.
La muerte de Reyes y otro grupo de personas que estaban con él, la gran mayoría subversivos, fue resultado de lo que se conoce en la jerga militar como una persecución en caliente, como suceden a diario en fronteras vivas y dinámicas como las que Colombia tiene con Ecuador, Venezuela y Brasil, por ejemplo. Sólo varios días después se vino a comprobar que los hechos habían sucedido en territorio ecuatoriano y que en el mismo murieron algunos ciudadanos auxiliadores de las Farc en ese país. Conocido esto el gobierno colombiano ofreció disculpas a su par de Ecuador.
Uno de los funcionarios públicos que estuvo al frente de esa operación fue el entonces Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos Calderón, hoy candidato a la Presidencia de la República por el Partido de la U. Pero, al tanto de la misma estaba el propio Presidente Uribe y por supuesto todo el alto mando militar que de manera unificada salió a reclamar el evidente triunfo militar, a través de una foto y una rueda de prensa ampliamente divulgada en Colombia y en todo el mundo.
Paradójica y curiosamente hoy, a pocos días de concluir la primera parte de la campaña presidencial, que conducirá a elegir al sucesor de Álvaro Uribe Vélez, un juez del Ecuador se empeña en continuar un proceso, que no tiene ni pies ni cabeza, contra el ciudadano Juan Manuel Santos Calderón, desconociendo las normas y prácticas que en el derecho internacional rigen sobre esta materia y que los hechos por los cuales hoy se pretende juzgar a Santos Calderón son un asunto de Estado, y no una acción como ciudadano particular.
Esto ha sido bien comprendido por los otros candidatos en la contienda por la Presidencia de la República, quienes públicamente y – de una u otra manera- han coincidido en que se trató de un asunto de Estado y así han expresado su solidaridad con Santos Calderón.
En ese orden de ideas, han sido disonantes las palabras del Presidente Rafael Correa, desde Madrid, España, al tratar de explicar la decisión del juez de su país, fundamentándola en la independencia de la rama judicial, claro está, y en que esos hechos constituyeron un delito. Al contrario, Presidente Correa, ha sido Colombia, el gobierno y el pueblo colombiano los que se han quedado cortos en solicitar explicaciones a su gobierno sobre las razones y las circunstancias por las cuales, las FARC tienen campamentos y andan como “Pedro por su casa” en su país, como quedó demostrado con la muerte de Reyes y también antes con la captura de alias Simón Trinidad.
Con toda razón, el Presidente Uribe ha expresado toda la solidaridad y respaldo a su ex ministro de defensa. “Eso tiene que ser una decisión del Gobierno, del Estado y del alma de los colombianos”. Y así debe ser.
La muerte de Reyes y sus acompañantes fue un asunto de Estado, y así lo debemos entender todos los colombianos, sin distingo alguno, como también la comunidad internacional. Y –por el contrario- debe servir para legitimar la justa petición del gobierno y el pueblo colombiano de exigir a países como Ecuador, Venezuela o cualquier otro, un mayor compromiso, serio y real, en la lucha contra la subversión que libra nuestro país hace varias décadas y que si se descuidan, por esa misma permisividad, puede terminar afectándolos a ellos más temprano que tarde. Este no es un tema de personas, transitorias en sus cargos, sino un asunto de Estado.