Por: Rafael Nieto Loaiza
Hasta noviembre de 2023, cifras de MinDefensa, el secuestro creció un 167 % y la extorsión denunciada un 8 %. El homicidio, según Medicina Legal, había aumentado un 5,3 %. Para Navidad ya habían ocurrido más masacres y con más muertes que en 2022.
La sensación de inseguridad es creciente tanto en las zonas rurales como en las ciudades. No hay dirección civil ni estrategia y la política de defensa y seguridad gubernamental, confusa y tardía, no está dando resultados. Cinco son las razones fundamentales. Primero el enorme costo, en liderazgo, experiencia y moral institucional, de la barrida de generales. Como la purga, además, se hizo por razones ideológicas, muchos de otros niveles prefirieron pedir la baja. Y la sensación de que la carrera militar y policial quedó sujeta a los caprichos gubernamentales dinamitó la moral interna y propició pugnas intestinas.
Segundo, el fracaso de la política de “paz total” del gobierno. No solo ha sido improvisada sino que el contenido y la aplicación de los ceses de fuego han traído en paralelo el retiro de las Fuerzas Militares de amplias áreas del país y el fortalecimiento de los grupos armados ilegales, profundizando la ausencia de control territorial por parte del Estado.
Tercero, el desastre de la política en materia de narcotráfico. El gobierno renunció no solo a la fumigación con glifosato sino a la erradicación forzada y el país se inundó de coca. Las finanzas de los violentos están boyantes como nunca y los bandidos dedicados a luchar entre ellos, ante la pasividad gubernamental, por el dominio de cultivos y rutas. Y aunque el gobierno dice haber aumentado un 13 % las incautaciones, las cifras no coinciden con las de Fiscalía y parecen estar manipuladas y sin contar decomisos hechos fuera del territorio nacional y por autoridades de otros países.
Después, el gobierno renunció a usar la capacidad aérea, una de las ventajas estratégicas del Estado frente a los violentos. No solo se dejaron de bombardear los campamentos y unidades de los grupos ilegales, sino que tampoco se realizan asaltos aéreos ni se acompañan las operaciones de infantería con helicópteros y fuego desde el aire.
Finalmente, Petro se ha dedicado, de la mano de sus excompañeros en el M19 y del incompetente y sibilino ministro de Defensa, a desmontar el aparato nacional del inteligencia. Si la purga de generales ha sido enorme, la de los oficiales y suboficiales de inteligencia ha sido feroz. La situación en la Dirección Nacional de Inteligencia es aún peor que en las Fuerzas Armadas.
En esas circunstancias, todo hace prever que el 2024 en materia de seguridad será aún peor que un 2023 que fue el de más malos resultados desde que se firmara en 2016 el pacto de Santos con las Farc.