El Tribunal Superior del Cesar inadmitió la acción popular que entabló la abogada Sandra Carbonó, habitante del barrio San Fernando de Valledupar, en contra del Instituto Nacional de Vías, Invías, por la nueva vía Valledupar -La Paz.
La demanda de la jurista pretende ‘proteger los intereses y derechos colectivos’ de un grupo de esta comunidad que ha protestado por la culminación de la obra en esta zona residencial y que de ahí será conectada a la glorieta del Terminal de Transporte.
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El Tribunal concedió un plazo de 10 días para que la accionante “subsane la demanda en la forma dispuesta en la parte motiva del presente proveído”, es decir, para que corrija o presente los documentos correspondientes a las pruebas.
EL PILÓN intentó comunicarse con Carbonó Regalado, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible. Asimismo, buscó conocer la posición de Armando Rincones, presidente de la Junta de Acción Comunal, JAC, del citado barrio, sin obtener declaración. No obstante, el veedor ciudadano Evelio Daza dijo a este diario que este mecanismo de participación ciudadana “no prospera porque no hay prueba alguna que fundamente lo que se evoca”.
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LA MAGISTRADA
Este caso está a cargo de la magistrada María Luz Álvarez Araújo, abogada con especialización en Derecho Administrativo y Derecho Disciplinario.
EL PILÓN conoció que Álvarez se había declarado impedida, pero sus motivos no fueron admitidos. Álvarez Araújo se ha desempeñado como magistrada auxiliar del Consejo de Estado, Sección Tercera entre 2011 y 2017. Además, fue magistrada del Tribunal de Garantías Electorales de Santander en 2010.