Por no darle cumplimiento a una tutela que ordenó el reconocimiento al pago por vía administrativa, ayudas humanitarias y subsidio de vivienda a 2.066 desplazados, el Tribunal Administrativo del Cesar impuso tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes a la directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Paula Gaviria Betancur.
Así lo dio a conocer el presidente de la Federación Nacional de Desplazados Unidos de Colombia, Melkis Kammerer, que según el magistrado Alberto Espinosa Bolaño del Tribunal Administrativo del Cesar al fallar el incidente de desacato del fallo de tutela proferido por el honorable Consejo de Estado el 27 de enero de 2011 al ordenar “dar cumplimiento inmediato a la sentencia de tutela”.
La multa pasa los 6 millones de pesos y el Tribunal solicitó que se compulsara copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría para que inicien las sanciones penales y disciplinarias por supuesta violación a una resolución judicial.
Según el fallo, “Paula Gaviria Betancur incurrió en desacato del fallo de tutela proferido por el Honorable Consejo de Estado el 27 de enero de 2011 específicamente la orden contenida en el numeral segundo”, se ordena a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas “dar cumplimiento inmediato al numeral segundo del fallo donde fungió como accionante Melkis Kammerer quien actuó como agente oficioso y presidente del Consejo Administrativo de la Asociación Nacional de Desplazados Unidos de Colombia”.
Antecedentes
Al parecer esta no es la primera vez que Gaviria Betancur tiene estas sanciones. Pues según el diario La Opinión de Norte de Santander, por incumplir un fallo de tutela en el que se amparaban los derechos de acceso a las ayudas humanitarias de emergencia de una víctima de desplazamiento forzado, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cúcuta ordenó el arresto por cinco días de la directora de la Unidad Nacional de Víctimas.
“La decisión se produjo luego de que Juan Carlos Torrado Urquijo, quien tuvo que salir huyendo de Ocaña como consecuencia de la violencia hace algunos años, interpuso un incidente de desacato, a fin de exigir el reconocimiento de su condición de víctima y la entrega de los beneficios que ofrece la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, publicó el medio de comunicación.
En ese entonces, el Juez Primero Penal ordenó, además del arresto de la funcionaria, imponerle una multa equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, que en ese entonces era de 589.500 pesos.