La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía de Valledupar y Fonvisocial dar cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia T-946 del 16 de diciembre de 2011, que garantiza el derecho a la vivienda digna a cerca de 800 familias desplazadas que se encontraban asentadas en un predio privado, denominado Sabana Uno, propiedad de Alberto Pimienta Cotes, en 2011.
Mediante la Sentencia, las personas en calidad de invasores del lote Sabana Uno, que hoy comprende las zonas de Los Guasimales, Altos de Pimienta, Brisas de La Popa y Bello Horizonte II, al noroccidente de Valledupar, fueron beneficiadas de las viviendas de interés social de la urbanización El Porvenir, al sur de esta ciudad, con el compromiso de devolver el predio privado a sus propietarios.
Así las cosas, el pronunciamiento del ente de control se dio tras hechos de alteración del orden público, el pasado 4 de agosto, cuando se llevó a cabo el proceso de desalojo por parte del Esmad a los habitantes que desde este año invaden dicha urbanización.
De acuerdo con el comunicado, la Procuraduría Provincial de Valledupar fue informada que un grupo de personas, presuntamente armadas, “estaban haciendo presencia en el sector delimitado para la población desplazada con la intención de tomar posesión de las casas que aún no están habitadas”, por lo que se instó a las autoridades locales a hacer efectivo el beneficio concedido en la totalidad de las casas a las personas debidamente identificadas y censadas con anterioridad.
LA TUTELA DE 2011
De la misma forma se señaló que cerca 1.600 niños y 1.400 adultos que habitaban Sabana Uno desde el año 2008 interpusieron una tutela contra la administración municipal, el departamento del Cesar y Acción Social por la ausencia de soluciones a sus problemáticas de domicilio.
Por lo tanto, la Corte Constitucional decidió a favor de los accionantes concediendo el derecho fundamental a una vivienda digna con permanencia en el predio; por lo que, posteriormente se construyó la urbanización El Porvenir con 758 habitacionales, de las cuales, a la fecha se han establecido 113 familias beneficiarias.
“NO SOMOS PERSONAS ARMADAS”
Ante esta situación, el vocero de la comunidad asentada en la urbanización El Porvenir, Jaider Guerra, manifestó que las personas que actualmente se encuentran invadiendo las viviendas exigen a las autoridades municipales y departamentales la garantía de sus derechos fundamentales.
“Vamos a accionar mecanismo para defender nuestros derechos como víctimas del conflicto armado estipulados por el artículo 7 de la Ley 387 de 1997 y 29 y siguientes del Decreto 2569 de 2000”, dijo Guerra, además aclaró: “no somos personas armadas como lo dice la Procuraduría Provincial de Valledupar en su informe”.
Finalmente, el vocero de la comunidad acotó que, “el pasado 4 de agosto que se presentó el inspector primero municipal y el cuerpo policivo del ESMAD; los recibimos armados de banderas, pañuelos blancos y el himno nacional: esas fueron nuestras armas”.
KAREN LILIANA PÉREZ / EL PILÓN
@karenperezcol