Por: Daniela Rincones Julio.
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Con optimismo, así miran en la actualidad los ingenieros del departamento de Cesar sus pretensiones de participar activamente en la ejecución de proyectos de infraestructura por medio de los contratos que se adjudican de parte de los entes territoriales.
Para muchos de ellos, el interés por participar como proponentes en las licitaciones ha disminuido considerablemente en los últimos años puesto que, en su consideración, muchos de estos procesos son ‘amañados’ para que se perfilen al oferente que finalmente termina siendo el favorecido con la contratación.
“Hay un gremio que está debilitado en este momento porque de un cierto tiempo para acá ha habido unas prácticas en la contratación estatal tanto en la Gobernación del Cesar como en el municipio que están impidiendo la participación libre de los ingenieros y empresas, pequeñas empresas, en esta actividad que desarrollamos”, aseguró Nancio Galván, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Cesar.
Incluso, el Registro Único de Proponente, RUP, en el que se debe estar inscrito para poder contratar con el estado da muestras de este escepticismo que existe. “La gente percibe que no tiene posibilidades de contratar y eso hace que se refleje en que hay menos empresas inscribiéndose en el Registro Único de Proponentes”, indicó José Calixto Mejía, ingeniero y exsecretario de Obras del departamento.
Haciendo referencia a la información sobre el RUP que les ha entregado la Cámara de Comercio de Valledupar, explicaron que alrededor de 500 empresas se han dejado de registrar. Mientras que muchas de las organizaciones que permanecen han pasado a ofertar su mano de obra como empleados, algo que representa que alrededor de estas compañías dejen de generar el efecto multiplicador de los recursos dado que muchas de las empresas que llegan a ser contratadas llegan de otras zonas del país y por consiguiente los excedentes utilitarios se van del territorio.
Ahora, a través del Decreto 342 con la Ley 1882, el Gobierno está obligando a que las entidades territoriales utilicen pliegos tipo que debe establecer Colombia Compra Eficiente a los que se exigirá que estén sujetos los proyectos de infraestructura de transporte. “Allí entonces eso nos ha regresado la esperanza porque estábamos completamente desesperanzados de poder ver nuevamente la posibilidad, como en algún momento lo tuvimos en el departamento de contratar, de participar”, agregó Galván.
De acuerdo con este ingeniero, en el Cesar en algún momento se manejaron entre los 40 y 60 participantes en las licitaciones, lo que propiciaba una competencia que provocaba finalmente que se tuvieran obras con precios justos.
¿Dónde está el dilema?
Según lo explicado por el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Cesar, la gran dificultad que enfrentan en estos procesos está relacionada con los pliegos sastre. En estos se piden ciertas especificaciones para los que tienen libertad bajo la norma los contratantes, pero que en la mayoría de los casos impiden que los demás participen.
“Aún hay muchos procesos en Colombia, sin que entre la Ley 342, en los que hay muchos participantes porque no les van a poner condiciones tan ridículamente absurdas”, expresó el presidente.
En este sentido, factores como la experiencia, la programación o la capacidad financiera del 50 % del presupuesto, son señalados por los ingenieros. De hecho, en las observaciones de muchos de estos contratos celebrados y con grandes cuantías, se reprochan los mismos justificando que no se ajustan a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente ni tampoco con la realidad del mercado local.
“Finalmente son los resultados, eso tiene que verse en procesos donde la gente participe y por los estudios de la Sociedad de Ingenieros dice que el promedio es en el departamento de 2.2 participantes por el proceso licitatorio y en el municipio, peor o igual, 1.5”, manifestó José Calixto Mejía.
Además, reiteró que para este fin no se necesitarían los pliegos tipo que la ley ya estableció como obligatorios a partir del próximo lunes primero de abril para los proyectos de infraestructura y transporte, donde los demás quedan libres. Incluso, aunque se hayan estipulado los mismos, sigue existiendo una mayor libertad a la hora de contratar para proyectos de otros sectores. En lugar de esto, recordó Mejía, lo único necesario ante que esta norma sería la voluntad y la decisión de abrir procesos donde la gente pueda participar libremente, puesto que hasta ahora estos serán una ayuda que apunte a la transparencia, pero no una solución definitiva.
¿Y la calidad?
Con relación a los resultados de los proyectos ejecutados, el ingeniero Galván reconoció que es muy complicado generalizar, pero destacó que en algunos se han presentado fallas. De este modo, citó por ejemplo la afectación que tuvo el Complejo Tenístico de esta capital así como parte de la estructura de la cancha de Las Flores. Sin embargo, expresó que esto se puede presentar en las obras de ingeniería en términos generales y que en muchos casos se tiene que recurrir a llamar al contratista para que responda, pero volvió a centrar su reclamo en que lo que más preocupa es que no hay quien defienda los intereses de la administración, tanto a nivel departamental como de los municipios.
Allí, también reveló que aun cuando debe ser el interventor en primera instancia el encargado de defender dichos intereses, en muchas ocasiones están acolitando para que no se les exijan los requerimientos de calidad o que cumplan con los plazos.
¿Qué dice la administración?
A nivel departamental se han suscrito, en cuanto a infraestructura, entre 60 y 70 contratos según la información manifestada por el secretario de esta sectorial en el Cesar, Federico Martínez Daza.
Con relación a las reclamaciones que hacen desde el sector de la construcción los ingenieros y empresarios que apuntan, más que a contratar, a defender un ejercicio sano de estos procesos con el propósito de que prime la transparencia, el funcionario mostró su respectiva posición.
En cuanto a las exigencias que hacen a los proponentes, Martínez Daza opinó que como administración están pidiendo lo que la ley les permite, a la vez que hizo referencia a que se encuentran publicado en el Secop I. “No se pide nada del otro mundo distinto a lo que la ley permite y las obras se están ejecutando súper bien”, expuso el secretario.
Sobre las observaciones que apuntan a que lo que se solicita limitan la libre participación de los aspirantes, sostuvo que en las convocatorias pueda participar todo el que quiera. Y frente a uno de esos comentarios con los que se les ha solicitado en alguna ocasión, debido a la crisis del gremio de contratistas de obras públicas, que se haga licitación en cinco módulos para dar oportunidad a más participantes de ejecutar obras, Martínez Daza expuso que no segmentar por municipios, por ejemplo, “es más economía, es menos desgaste para la administración”.
De esta manera se refirió a que, por citar un ejemplo, para hacer un proyecto de pavimentación urbana en 10 municipios, sacar 10 contratos representa igual cantidad de supervisiones, problemas, 10 contratos, entre otros, mientras que reuniendo todo en un solo proyecto buscan optimización de la administración, del tiempo y del recurso público.
“Lo que uno no puede hacer es sacar un proyecto por parque en un lado, pavimento en otro lado, un edificio en otro lado, en un solo contrato, eso sí es una cosa rara. Si son de una misma tipología se saca un solo paquete”, aseguró el secretario.
Frente al bajo promedio de proponentes para las licitaciones, señaló que es la misma gente la que no entra a participar a pesar de que son ofertas abiertas.
Por último, resaltó que para fines de garantizar la transparencia en este ejercicio, por parte de ellos tienen un control disciplinario interno que los vigila. Al tiempo, en todas las obras crean un comité de veeduría ciudadana, sumado a que todo se publica en el Secop como es la obligación estatal y que cuentan con otros mecanismos de comunicación para realizar el respectivo seguimiento.
A pesar de esto, son muchas las voces entre la misma comunidad que respaldan la posición que hoy sostiene el gremio de ingenieros del departamento y de los municipios. Para muchas personas es un secreto a voces la manera en que se destinan la mayoría de proyectos aunque vean la inversión de los recursos, que para muchos no se hace de la forma más eficiente.
De hecho, hasta el departamento del Cesar, donde han llegado algunos consorcios de gran envergadura a nivel nacional para ejecutar los proyectos y que para Martínez Daza responden al ejercicio de lo público y la inclusión, aparece, por citar un caso, una contratación con el objeto de realizar la “construcción de pavimento en concreto rígido, andenes y bordillos en diferentes municipios del departamento del Cesar”.
La misma fue entregada al Consorcio Vías del Cesar, cuyo representante legal al firmar el contrato era Fernando León Diez Cardona, quien el año pasado fue condenado tras ser señalado como “uno de los contratistas beneficiados con la adjudicación irregular de las obras de valorización en Armenia en 2014”.
A Diez Cardona, la Fiscalía le impuso 14 meses de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público, como sostiene la página web de dicho órgano vigilante, luego de que el excontratista colaborara con el desarrollo de las investigaciones y aceptara su responsabilidad en los hechos.
Sobre este caso en particular, Martínez Daza apuntó: “En el momento en que lo condenan a Dios gracias ya había terminado todas las obras con nosotros”.
Para tratar a mayor profundidad este tema de vital importancia en el direccionamiento del departamento en términos generales, partiendo sobre todo del tema de la infraestructura en el Cesar, hoy a través de la plataforma Foros EL PILÓN se abrirá el debate con expertos en la materia, funcionarios de los entes territoriales y representantes de los gremios.
De este modo, a partir de las ocho de la mañana en el salón Yui del Hotel Sicarare de Valledupar, los asistentes podrán contar con la presencia de Álvaro Durán, quien expondrá sobre el régimen de concesiones y alianzas público privadas.
Por su parte, Juan Carlos Restrepo, asesor de Ministerio de Infraestructura y Transporte, conversará sobre el pasado, presente y futuro de las carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarriles. Mientras que Andrés Soto, presidente de Ferrocarriles del Norte de Colombia, Fenoco, se referirá a las dinámicas del transporte férreo.
De parte del Departamento Nacional de Planeación, estará Julián Polanía, director del Sistema General de Regalías, señalando el impacto de las regalías como principal financiador de los proyectos de infraestructura, entre tanto que el delegado de Infraestructura de la Contraloría General de la República, Sebastián Montoya, hará alusión a la corrupción en las grandes obras de infraestructura.
Para finalizar, está planteado un panel en el que se evaluará a través de una visión general la situación de esta región. Así pues se tratarán los problemas, retos y desafíos de la Infraestructura en el Cesar, para lo cual estarán presentes Federico Martínez Daza, secretario de Infraestructura del Cesar, José Luis Urón, presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, Katriza Morelli Aroca, directora del Sistema Estratégico de Transporte de Valledupar, Juan Pablo Morón Riveira, secretario de Obras Públicas de Valledupar, Nancio Galván, presidente de la Sociedad de Ingenieros del Cesar y Álvaro José Soto, quien es exdirector del Instituto Nacional de Concesiones (Inco).
Finalizando la jornada se abrirá el espacio para una ronda de preguntas y las respectivas conclusiones de este espacio de conocimiento y disertación de gran importancia e impacto para la comunidad no solo valduparense sino de todo el Cesar.