Por: Paloma Valencia Laserna
No hay discusión en torno al trabajo infantil, todos estamos de acuerdo en que los niños tienen el derecho de disfrutar su niñez, estudiar y usar esos primeros años de vida para prepararse de manera que las condiciones de vida que tendrán en la adultez sean las mejores.
Sin embargo, los índices muestran que el número de niños trabajadores es cada vez mayor. Según la encuesta de trabajo infantil del Dane, en el trimestre de octubre a diciembre de 2009, la tasa de trabajo infantil fue 9,2%, aquello significó 2,3 puntos sobre las tasas del 2007. En el sector rural la tasa de trabajo infantil fue 15,9%, es decir 5,0 puntos más que en el 2007.
Las precarias estructuras económicas de los hogares obligan a que los niños se conviertan en proveedores de recursos. Esa es una realidad terrible que en Colombia hemos intentado afrontar a través de varios programas, entre ellos Familias en Acción. Las madres reciben un subsidio por los niños que tienen escolarizados y cuyos controles médicos se cumplen. Es una forma mediante la cual cada niño produce en la medida en que está asistiendo al colegio y su salud está siendo atendida. Sin embargo, el programa está direccionado a los más pobres y además no es sostenible en el largo plazo, existen aún muchos niños que necesitan ser agentes en la economía porque los ingresos de los padres son insuficientes.
Otro fenómeno surge de la apreciación de que mantenerse en el sistema educativo no mejora en nada las condiciones actuales ni incrementa las posibilidades en el futuro. La educación es un gran motor de transformación social cuando la calidad es suficiente para que los estudiantes tengan la oportunidad de competir; cuando aumenta las condiciones naturales y sociales con las que se nace. Ese no es siempre el caso de la educación pública colombiana. Numerosas escuelas no le aportan a los niños; no importa su talento están condenados a mantener casi las mismas características de vida de sus padres. No sueñan con hacerse técnicos, ni mucho menos profesionales y menos aún con obtener postgrados en el exterior. La educación que reciben a penas les otorga limitadas capacidades de lecto-escritura. En algunos contextos, los jóvenes adolecentes ya han descifrado esta triste verdad y empiezan a considerar que no vale la pena persistir en una educación que en esos años pretende enseñarles química, física y trigonometría cuya utilidad les es ajena. Esto podría explicar porque los adolescentes entre 15 y 17 años tienen una tasa de inasistencia escolar del 25,9%.
El sentimiento se ve reforzado por el alto número de embarazos adolescentes. La encuesta nacional de demografía del año 2010 mostró que el 19% de las adolescentes (entre 15 y 19 años) ya es madre o está embarazada de su primer hijo. Esas son niñas que desde corta edad empiezan a requerir ingresos para mantener a los nuevos miembros de la familia. Los hombres adolecentes tienen una situación similar e incluso, a veces, más apremiante. Se convierten en padres y tienen que empezar su vida productiva; los familias no pueden sostenerlos con una esposa e hijo. El joven debe iniciar su vida laboral y la prohibición del trabajo se vuelve un obstáculo. Los empleadores no quieren contratarlos ni hacer todos los tramites adicionales que exige la ley. Terminan con empleos donde se les paga muy mal o se inclinan hacia negocios turbios donde las leyes no imponen barreras de acceso. En el sector rural hay muchos muchachos desempleados, padres de familia, alejados del mercado laboral a pesar de que ya no asisten al colegio, en un ocio improductivo y estéril.
Las políticas que proscriben el trabajo infantil son importantes, pero son tan sólo el primer paso. Se requiere educación de excelente calidad; obligar a los niños a no trabajar para recibir una educación mediocre tiene valor simbólico. El sentido de que los niños no trabajen es que garanticen un mejor futuro, pero estudiar un bachillerato para tener el mismo destino que se tendría sin hacerlo carece de sentido. Las realidades no se alteran con la ley; los padres adolescentes necesitan recursos para mantener su nueva familia, y la prohibición sólo les hace mas difícil la vida. En la vida rural muchos jóvenes están ansiosos por trabajar y la ley sólo dilata ese proceso sin que ellos obtengan ningún beneficio, pues tampoco asisten al colegio.
@PalomaValenciaL