Por: Amylkar D. Acosta M1
Bien se ha dicho que lo que mal empieza mal termina y este es el caso de la reforma del régimen de las regalías. Arrancó con el pie izquierdo, constitucionalizando la distribución de los recursos provenientes de las mismas, lo cual es un exabrupto y, lo que es peor, se compartimentaron tales recursos a través de la creación de una multiplicidad de fondos, lo cual es a todas luces inconveniente e irracional.
El Decreto – ley a través del cual se reglamenta y desarrolla el Acto legislativo 05, mediante el cual se creó el Sistema General de Regalías (SGR) profundiza esos vicios. Además de los siete fondos que hacen parte de este, ya son más de 30 porcentajes en los que se difuminan los recursos, atomizándolos cada vez más a través de un intrincado, farragoso e incomprensible texto de 160 artículos, al que se le colgaron toda suerte de perendengues en su trámite y aprobación.
Las dificultades que no tuvo el Acto legislativo en su trámite a lo largo de sus ocho debates reglamentarios se le presentaron al proyecto de ley que lo desarrolla y reglamenta, que estuvo a punto de hundirse en la recta final. En efecto, no obstante contar con mensaje de urgencia para agilizar su trámite, sólo a última hora y a los trompicones logró el Gobierno su aprobación en las plenarias de Senado y Cámara, en la madrugada del 16 de diciembre, fecha esta en la que se clausuraban las sesiones del primer período de la segunda legislatura.
A última hora, la inesperada rebelión de más de ochocientos alcaldes recién electos de todo el país puso en aprietos al Gobierno. Ellos manifestaron su inconformidad con el proyecto de ley de marras y pidieron su archivo, al considerar que el mismo era lesivo para sus intereses. Uno de sus voceros, el Alcalde de Popayán Francisco Fuentes, manifestó que “pretenden que las regalías, que son para las regiones, se distribuyan en proyectos de impacto regional que tenía que desarrollar el Gobierno Nacional, pero no con recursos que son de nosotros”.
Y no era para menos, habida cuenta que al asignarse los recursos de los fondos sólo a proyectos de impacto regional, aquellos que por ser de impacto local no son menos importantes no podían acceder a ellos, lo cual dejaba a los municipios en un grave predicamento. Ante la presión, el Ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri accedió a que un 40% de los recursos del Fondo de Compensación Regional (FCR) se destine a financiar proyectos de impacto local, “de los cuales un 30% será para proyectos de impacto local en los municipios más pobres del país y con cargo al 10% restante sólo podrán financiarse proyectos presentados por municipios de cuarta, quinta y sexta categoría”, estos es, los más pobres entre los pobres.
Además, “del total de los recursos para financiar proyectos de impacto local, se destinará hasta un 8% para iniciativas con enfoque diferencial para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y hasta otro 8% para iniciativas con enfoque diferencial para las comunidades indígenas”. Ello mismo aplica para el caso de la participación directa de departamentos y municipios productores y portuarios, la cual quedó ahora reducida al 8.6%, de cuyas asignaciones deberán invertirse al menos el 3% en el caso del Municipio y al menos el 1% en el caso del Departamento en proyectos de inversión con enfoque diferencial en beneficio de tales comunidades.
De esta manera se superó el impasse y se destrabó el trámite del Proyecto de ley. Ahora serán los departamentos los que quedarán en el limbo, ya que sus proyectos no son de impacto local ni de impacto regional y por lo tanto no se podrán financiar con recursos provenientes de los fondos que hacen parte del SGR.
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