El 28 de mayo de 2016, los noticieros nacionales informaban sobre la sintomatología que presentaban 8 alumnas de la Institución Educativa Espíritu Santo del municipio de El Carmen de Bolívar. La nota periodística advertía que las adolescentes fueron internadas por presentar: vértigo, vómitos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de tórax, taquicardias y dificultad para respirar.
En principio se atribuyó a comestibles ingeridos horas antes, pero pronto los padres de las menores comunicaron al cuerpo médico que sus hijas habían sido vacunadas recientemente contra el virus del papiloma humano (V.P.H.). De inmediato se empezó a sospechar sobre un posible nexo causal de la sintomatología presentada por las jóvenes con la vacuna contra el V.P.H.
Se hicieron consultas a la Organización Panamericana de la Salud, quien dio su aval científico para esa y 20 vacunas más, que se vienen aplicando en Colombia con regularidad. La entidad fue clara en afirmar que se trataba de un biológico seguro que se aplica en tres dosis y que previene el cáncer cervical con una efectividad del 98.2 %. Lo cierto es que finalmente las adolescentes se recuperaron, y no se supo de más casos llegándose a la conclusión que no se podía vincular esa sintomatología con la vacuna.
Traigo a colación este episodio ocurrido en el Carmen de Bolívar porque Colombia está ad portas de iniciar un plan masivo de vacunación contra el covid-19, noticia que debería recibirse con alborozo, pues por fin nos vamos a librar de la pandemia. Empero, los laboratorios a los que le hemos comprado la vacuna contra el covid-19 han sido muy claros en afirmar que no responderán por los efectos colaterales y/o adversos.
Supongo que el Estado colombiano, el Invima o las EPS tampoco asumirán dicha responsabilidad. Ante este panorama, podría pensarse en una póliza que asegure dicho riesgo. El asunto no es para tomarlo a la ligera, máxime cuando se está hablando de que la vacuna no es obligatoria. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha expresado que no se la aplicará. Reino Unido ha dicho que no la aplicará a pacientes que presenten cuadros alérgicos, y esto no deja de ser un tema inquietante.
La inmunidad legal exigida por los laboratorios es, según Fernando Ruiz, ministro de Salud, condición necesaria y forzosa para la compra de las vacunas, pero eso no es todo, pues los contratos de compraventa donde el Estado colombiano ha invertido grandes sumas de dinero, tienen absoluta reserva contra toda entidad que quiera ejercer control sobre los mismos, lo que en nuestra opinión resulta inadmisible, pues la inversión que se hizo fue con dineros públicos los cuales no pueden ni deben estar exentos de vigilancia por parte de los entes de control, pues debe prevalecer el interés general sobre el particular.
Finalmente, si usted amigo(a) lector(a) decide aplicarse la vacuna de manera voluntaria, debe tener claro que nadie responderá por los efectos colaterales y/o adversos que puedan presentarse, pues de los laboratorios para abajo todos se “lavan las manos”. Se puede concluir que es usted quien asume el riesgo: ¡tómala o déjala! darioarregoces@hotmail.com