Después de 76 años de haberse establecido el 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos, se creería que ha pasado el tiempo suficiente para lograr un avance importante en la protección de la dignidad humana en cualquiera esfera territorial en términos de igualdad, libertad, justicia y solidaridad.
En estos tiempos actuales y con base en este marco teórico es válido auscultar qué tanto se han cumplido las normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos en nuestro territorio.
Es preciso reconocer que ha habido algún avance, pero también es cierto que todavía hace falta mucho para que un alto porcentaje de los habitantes del Cesar y su capital Valledupar tengan garantizados sus derechos básicos como salud, educación, trabajo, techo y pan.
Pero el ejercicio evaluativo debe ir más allá de las necesidades básicas y mirar los casos críticos de nuestra región, por ejemplo, las denuncias de asesinatos de líderes sociales, desapariciones forzadas de personas en la modalidad de secuestro, maltrato y humillación a habitantes de zonas veredales, entre otros delitos de claras violaciones a los derechos humanos cometidos por grupos armados al margen de la ley que aún persisten.
Dentro de lo que se podría mencionar como ciertos avances se rescatan las acciones de alerta permanente de entidades como la Defensoría del Pueblo sobre diversas situaciones en las que es evidente que se pone en riesgo la vida y demás derechos humanos.
De ello también habla la reciente apertura de la Casa de los Derechos en el municipio de San Diego, norte del Cesar, iniciativa de la Defensoría del Pueblo que, en su misión de proteger los derechos de las comunidades, atiende en ese lugar a unas 150.000 personas de esa región que incluye a otros municipios como La Paz, Manaure y Agustín Codazzi.
No obstante, se percibe cierta sensación de acciones aisladas de una sola entidad, cuando debería ser todo el aparato estatal en su conjunto, en especial en departamentos como el Cesar y La Guajira que fueron golpeados de manera intensa por el conflicto armado y aún muchas de sus zonas rurales continúan a merced de los grupos violentos. Allí son muchas las voces de poblaciones vulnerables que necesitan ser escuchadas y atendidas.
Se hace obligatorio entonces una integralidad estatal que permita brindar un espacio para todo tipo de ciudadanos que requieran presentar quejas y realizar trámites relacionados con diversas problemáticas que afectan sus derechos fundamentales, incluidas las vulneraciones de derechos laborales y de acceso a servicios básicos. Es cuestión de garantizar eficacia y transparencia en cada uno de los procesos.
Recordemos que los derechos humanos no son un privilegio de unos pocos, sino una aspiración común que pertenece a todos. Solo cuando se respeten y protejan los derechos de cada persona, sin distinción, estarían garantizadas la libertad y la dignidad del ser humano en nuestra región.