Esta semana hay más perlas en Colombia: por un lado, el plan del gobierno Petro para que, violando el bloque de constitucionalidad, se permita que miembros de la Segunda Marquetalia puedan negociar con el Estado a pesar de haber traicionado el Acuerdo de Paz firmado con Juan Manuel Santos; y por el otro, el escándalo que se ha desatado con los acuerdos por debajo de la mesa con los fondos de pensiones, buscando su apoyo a la reforma pensional. En ambos es protagonista el gobierno y en ambos, su proceder está siendo cuestionado.
Recordemos que el mal llamado Proceso de Paz que el entonces presidente Juan Manuel Santos firmó con las FARC durante su gobierno, en una jugada inmunda pero hábil, fue incluido en el bloque de constitucionalidad para blindarlo. Sabían que el acuerdo era tan malo, que en él se incluyeron tantas medidas contrarias a la decencia y especialmente contrarias a la Justicia, que los asesores de este procedieron a hacerlo parte del bloque para que gobiernos posteriores, obviamente detractores de semejante adefesio, no lo pudiesen reversar.
En su momento cuestionamos esa medida, aún lo hacemos, seguros de que fue una jugada de espaldas al país, apoyada por un Congreso de la República dominado en ese entonces por Roy Barreras y Armando Benedetti -dos famosos hampones de cuello blanco y, desde la campaña presidencial hasta nuestros días, estrechamente vinculados a Gustavo Petro- y que tiempo después es piedra en el zapato para regalarle a esos terroristas la poca dignidad que nos queda a los colombianos.
Ese acuerdo es lo peor que nos ha podido suceder. Por ese acuerdo hoy tenemos presidiendo al país a un guerrillero; por ese acuerdo tenemos hoy 10 congresistas más, guerrilleros también, que no han reconocido sus delitos, que no han reparado a las víctimas y que tampoco han contado la verdad; por ese acuerdo el país hoy está sumido en una ola de violencia que se salió de control, que tiene al Cauca como un polvorín, al Valle del Cauca recorriendo el mismo camino y a otras regiones de Colombia bañadas en sangre.
Carteles del narcotráfico controlan gran parte del territorio nacional, no hay tranquilidad en la Colombia profunda que sigue olvidada por el Estado y nuestros policías y militares están desahuciados, encerrados en sus cuarteles, viendo en silencio cómo Colombia se vuelve hacia el comunismo.
Ahora, como esa parte del bloque de constitucionalidad, que quedó redactada en términos de que quienes no suscribieran el acuerdo no podrían beneficiarse, resulta incómodo, el gobierno analiza posibilidades para violarla y así poder seguir haciendo de las suyas. El acuerdo dicta claramente que, a quienes traicionaran el acuerdo, se les cerraba cualquier opción de beneficiarse. Punto.
Para rematar, como si faltaran estos detalles, se devela un escándalo de negociaciones que parece permitieron que ASOFONDOS no se opusiera a la reforma pensional y facilitara su camino hacia la aprobación que hemos rechazado tajantemente. Fue evidente que Santiago Montenegro, actual presidente de ASOFONDOS, no apareció en los debates; de hecho, brilló por su ausencia, se le extrañó. Pues parece ser que, muy al estilo Petro, hubo “negociados” que lo llevaron a desaparecer de la escena. Una comisión por concepto de administración de recursos equivalente al 0.7 % de los dineros administrados por los fondos los beneficiaría con algo más de 2 billones de pesos. Esa proposición la presentó el senador Gustavo Moreno, luego de que su jefe, Juan Fernando Cristo -de pésima recordación, otra joyita samperista y santista-, le indicara hacerlo; varios se llenaron los bolsillos y el mico se aprobó. ¡Canallas!
Mientras tanto hay otros escándalos relacionados con chuzadas a algunos magistrados por orden del gobierno -lo que obviamente niega Petro-, y las excusas ofrecidas por Otty Patiño -comisionado de paz- a la Segunda Marquetalia por haber abatido a uno de sus máximos cabecillas. Colombia se arrodilla ante los delincuentes. Esto verdad que huele inmundo, qué porquerías las que hace este gobierno. ¡Tienen mucho huevo!
Por Jorge Eduardo Ávila