A finales del año 2019 se posesionó como rectora de la Universidad Popular de Cesar (UPC) Darling Guevara Gómez, ante miembros del Consejo Superior Universitario (CSU).
Guevara, quien es instrumentadora quirúrgica, se posesionó en medio de señalamientos de irregularidades en el proceso de su designación por los otros candidatos a la rectoría, especialmente por el abogado Robert Romero Ramírez.
Como era de esperarse, los opositores demandaron su designación ante el Consejo de Estado y en marzo del 2020 la Sección Quinta admitió una de las demandas y ordenó la suspensión provisional del cargo de Darling Guevara, mientras definía en fondo el asunto (no se sabe cuándo).
Después de evasivas y recursos jurídicos, finalmente la funcionaria Darling Guevara fue notificada de la sentencia y el CSU nombró como rector encargado al docente de planta Jesús Valencia, quien solo duró varias semanas y renunció de manera irrevocable por asuntos que nunca ha querido revelar. En su remplazo fue nombrada la funcionaria Alexi Vidal.
Pero parece ser que ocurrió un nuevo impasse entre los electores de Alexi Vidal y ella decidió renunciar irrevocablemente, también “por asuntos personales”. En su reemplazo fue encargado Raúl Gutiérrez, quien era el secretario General de la institución.
Pero cuando se creía que todo andaba bajo ruedas, en una “jugada” política, en noviembre del año pasado, se reunió el CSU y cambió al rector y encargó a José Sierra, quien es funcionario administrativo. Pero la designación de Sierra fue demandada ante el Consejo de Estado y ayer ese organismo anuló su nombramiento, en una decisión súper exprés. Seguramente, hoy, el CSU designa nuevo rector encargado y se afirma que el pulso lo tiene el CD para nombrar encargado a Leoncio Peralta, quien es funcionario de planta, sino ocurre otra maniobra política.
Para estudiantes, docentes y administrativos la anómala situación en la institución tiene tres lecturas. Por un lado, señalan al dirigente Sergio Araujo como el promotor para designar rector, amparado en la fuerza del gobierno (CD); por el otro al gobernador Luis Alberto Monsalvo, y un tercer actor son los grupos internos representados en docentes de planta y directivos de la anémica Asociación Sindical de Profesores.
Lo otro es que para unos casos el Consejo de Estado es rápido para decidir sobre una demanda y para otros es paquidérmico, pareciera que hay ‘gato encerrado’ en el tema de la UPC. El Consejo de Estado debería decidir la demanda contra la rectora Darling Guevara y emitir un fallo definitivo, para que sea elegido un rector en propiedad, como debe ser y acabar con tanto desorden.
Lo también lamentable, sostienen los estudiantes, es que “quienes ponen y quitan rectores son los mismos que luego se hacen nombrar en cargos de dirección de la universidad y manejar poder”.
Como punto de referencia mencionan nombres que tienen varias décadas de ser funcionarios de la UPC y siempre fungen como jefes de departamento, decanos, vicerrectores, rectores o con poderes en rectoría, como son los casos de los docentes César Torres, José Guillermo Botero Cotes, Roberto Daza, entre otros, como Carlos Morón, quien es el rector de la Universidad de Santander, sede Valledupar, y también es miembro del CSU de la UPC en representación de los exrectores. Mis consejeros periodísticos Tíochiro y Tíonan no entienden por qué el rector de la UDES, quien administra esa entidad privada, que es competencia de la UPC, es miembro del CSU de esta última. Pareciera que hay un conflicto de intereses. Hasta la próxima semana.