Luego de que la Gobernación del Cesar entregará terminada la primera fase de la Universidad Nacional sede La Paz, a la rectora de la institución, Dolly Montoya Castaño, quedó un sinsabor.
Con esa noticia se aumentan las esperanzas de los jóvenes estudiantes que hoy sienten más factible el acceso a una de las mejores universidades de Colombia sin tener que desplazarse al interior del país. Sin embargo, el proyecto no está claro en el futuro inmediato, pues hay serios inconvenientes que la dirigencia política del Cesar, el Gobierno Nacional y las directivas de la institución deben resolver.
Durante el acto de entrega la rectora, aclaró que solamente habrá contratación y habilitación de programas cuando para ello se destinen alrededor de 20.000 millones de pesos. En la consecución de esos recursos están trabajando los congresistas cesarenses.
En plenaria de Cámara de Representantes, realizada la semana anterior, fue aprobado en segundo debate el Proyecto de Ley que tiene como objeto la creación de una estampilla, a través de la Asamblea del Cesar, para el recaudo de 100.000 millones de pesos que permitan la inversión y mantenimiento en la planta física, financiamiento de programas específicos, adquisición de equipos de laboratorio, dotación de bibliotecas y fortalecimiento de la investigación en dicha universidad.
Con ponencia del representante Cristian José Moreno Villamizar, el proyecto pasará a Comisión Tercera de Senado. Sin embargo, surge un interrogante ¿Es justo que los cesarenses sigamos metiéndonos la mano bolsillo para estas obras públicas, teniendo en cuenta que hay inequidad en la distribución de los recursos para la educación?
Lo planteamos porque el Gobierno Nacional gira a la Universidad Popular del Cesar alrededor de un millón 900 mil pesos por estudiante, mientras que para la Nacional destina $17’650.000, una desproporción total que le permiten a la universidad capitalina tener los mejores estándares de calidad académica.
Entonces, consideramos que no es conveniente poner más impuestos para garantizar el funcionamiento de la sede en el municipio de La Paz.
Nos preguntamos ¿Son efectivas las gestiones de la dirigencia política del Cesar ante el gobierno nacional al momento de exigir la financiación de la Universidad Nacional en este departamento? Parece que no, porque siempre se encuentran con que no hay plata y por eso se tuvo que recurrir a la estampilla.
Como si fuera poco, recientemente la rectora Dolly Montoya prendió las alarmas por la difícil situación financiera que atraviesa la institución a nivel nacional, de la cual dijo necesita 60.000 millones de pesos antes de terminar el año para poder sustentar sus gastos de funcionamiento administrativo.
Así las cosas, lo que dijo el periodista Nicola Stornelli en la revista Portafolio no es tan descabellado; él aseguró que había riesgos de un ‘elefante blanco’ porque la Universidad Nacional en su sede principal estaba desfinanciada y con una infraestructura en pésimas condiciones, situación que demanda millonarias inversiones.
La lección que queda hasta el momento es que la monumental tarea para sacar adelante la Universidad Nacional sede La Paz apenas comienza. Aunque se ganó la batalla de la primera fase, no hay que cantar victoria, resta mucho camino por recorrer en cuanto a financiación y preparación de los bachilleres para que puedan aprobar los rigurosos exámenes de admisión.